El juez Abraham Aguirre la tarde de este viernes fue trasladado al penal de San Pedro donde cumplirá detención preventiva por 6 meses.
La Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia salió en defensa de sus afiliados y demandó el "cese de ataques" y de los "actos de vulneración al honor, la dignidad y la imagen de jueces" en respuesta a acciones contra jueces que dejaron en libertad a sentenciados. Por otro lado, exigió que asuman su responsabilidad en estos casos la Fiscalía y la Policía.
"Demandamos el inmediato cese de los ataques contra nuestros colegas jueces, que se han convertido en blanco de humillaciones y ofensas, presentándolos mediáticamente cual si se trataran de delincuentes condenados", establece un comunicado de la asociación ante las investigaciones iniciadas por la libertad de condenados por delitos como feminicidio y violación.
Hasta el momento fueron enviados a la cárcel el exjuez Rafael Alcón y el juez Abraham Aguirre, por la libertad de sentenciados como resultado de acciones de una organización delictiva, según la Fiscalía. Alcón está acusado de liberar a Richard Choque, un condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por la violación y muerte de una menor, que cometió en libertad dos feminicidios y un asesinato.
Aguirre es acusado de dejar en libertad a un asesino y a un feminicida. La familia Quiroga Santa Cruz denunció el miércoles que Aguirre también benefició a Felipe Froilán Molina, acusado del asesinato del exlíder socialista Quiroga Santa Cruz durante la dictadura de Luis García Meza.
La asociación exigió el debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa de los investigados en estos casos, pero también recordó que en las actuaciones judiciales están inmersas la Fiscalía y la Policía.
"Estas reparticiones (Fiscalía y Policía) deben asumir su responsabilidad por su participación en cada caso, y no pretender evadir su responsabilidad, confundiendo a la sociedad civil", sostiene la organización que aglutina a los operadores de justicia.
"Exigimos el cese inmediato de los actos de vulneración al honor, la dignidad y la imagen de jueces, que provocan una equivocada percepción en la sociedad civil, sin tomar en cuenta los factores que intervienen en cada caso sometido a decisión judicial, ni el proceder de los otros actores que intervienen", demandó la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia