El relator Diego García-Sayán está recibiendo por estos días decenas de casos de diversa gravedad que muestran el nivel de degradación de la justicia boliviana y la urgencia de una reforma integral.

Una expresidenta injustamente detenida y a punto de ser sometida a juicio ordinario; magistrados protectores de consorcios mafiosos que liberan asesinos, violadores, feminicidas y narcotraficantes; fiscales en cacería de opositores… La lista es interminable.

Existe un caso que tal vez no sea motivo de una reunión en específico con el Relator de Naciones Unidas o quizás sea mencionado tangencialmente en uno de los encuentros, aunque condensa todos los males de nuestro sistema judicial en crisis terminal.

Ocurrió el 27 de octubre del año pasado, en una propiedad productiva, en el norte de Santa Cruz. Un grupo irregular armado, claramente conectado con el poder político, avasalló violentamente el predio Las Londras.

Al día siguiente, el 28 de octubre, una delegación de periodistas, policías, empresarios y trabajadores agrícolas que se dirigió a Las Londras para verificar la toma ilegal de tierras, fue emboscada por decenas de encapuchados armados.

Dispararon a las llantas de las camionetas que transportaban a una veintena de comisionados y a las cámaras de los periodistas. Tomaron como rehenes a 17 personas. Otras tres lograron escapar y denunciaron el ataque mientras retornaban a la ciudad de Santa Cruz.

Los secuestrados fueron torturados por varias horas. A punta de golpes y amenazas, les obligaron a firmar un acta en la que reconocían que los dueños legítimos del predio eran los avasalladores y que no volverían jamás a Las Londras. Uno de los más golpeados fue el comandante policial de la Chiquitania.

El encubrimiento, operado por policías, fiscales y jueces sometidos al poder, comenzó a ser evidente. Se libraron órdenes de aprehensión para cinco sospechosos que no eran ejecutadas hasta que los periodistas cruceños decidieron movilizarse en las calles.

A fines de noviembre, ante la insistencia del gremio agredido, se realizó un operativo con un número reducido de agentes y fiscales en el municipio de San Julián para aprehender a los cabecillas, pero fueron repelidos con disparos de armas de fuego y otros actos violentos por los avasalladores buscados y por los pobladores del bastión masista.

Pese a la hostilidad, se capturó a Heber Sixto Canaza, uno de los cabecillas, y a principios de febrero, la Policía aprehendió en un restaurante cerca de la terminal bimodal de la capital cruceña, a Paulino Camacho Vedia, otro líder del grupo armado, considerado el más peligroso.

A pesar de la peligrosidad de Canaza y Camacho, el primero fue enviado a la cárcel del municipio de Montero y el segundo a un recinto penitenciario de Okinawa, liberado eso sí del presunto delito de tentativa de homicidio.

La captura de Camacho, quien nunca fue presentado por autoridades policiales o gubernamentales a los medios, como ocurre en casos incluso menos graves, hizo reflotar momentáneamente el caso Las Londras y le costó el cargo al Director de la fuerza anticrimen de Santa Cruz.

La dirigencia de los periodistas expresó su temor de que el líder del grupo armado huya de la cárcel rural. Pero la mayor preocupación es que el caso que evidencia la existencia de grupos irregulares armados en el país y la protección que reciben a través del colapsado sistema judicial puede haber tomado el camino de la impunidad.

No hay interés policial en ejecutar las otras capturas ni del Ministerio Público para disponer nuevas aprehensiones, por ejemplo del Notario de San Julián que protocolizó el acta ilegal o de las autoridades del INRA relacionadas con los avasalladores armados.

Los jueces no piensan revisar sus resoluciones que terminaron beneficiando a Canaza y Camacho y, más bien, tienen la intención de que el caso Las Londras muera en el tiempo. Solo la vigilancia permanente y la movilización de los periodistas evitará que un caso que ofende la dignidad de todos quede impune.

Ojalá que Diego García-Sayán sea informado de este caso para que Bolivia no experimente lo que sucede en México y otros países, donde los periodistas, sobre todo quienes hacen periodismo de investigación, son el blanco de grupos armados y de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y al terrorismo.