A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia afirmó que el Gobierno boliviano acoge "como vinculante y de cumplimiento obligatorio" la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de no procesar ni juzgar al expresidente Evo Morales por presuntos delitos de lesa humanidad.
En el texto, Justicia afirma que Bolivia suscribió el Estatuto de Roma y lo elevó a rango de Ley, por lo que asumió el compromiso de cumplir y acatar las determinaciones, fallos y decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI).
"El Gobierno nacional recibe bajo esos términos y acoge como vinculante y de cumplimiento obligatorio la decisión del fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan QC, quien determinó con la autoridad que le otorga el Estatuto de Roma, que "no existe fundamento suficiente" para procesar en ese alto tribunal al expresidente constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma", señala el comunicado.
El 2020, el Gobierno de Jeanine Añez había denunciado, entre otros, a Evo Morales, por crímenes de lesa humanidad por presuntamente liderar el bloqueo de carreteras e impedir el paso de tanques de oxígeno y otros suministros médicos durante las primeras olas de la pandemia del coronavirus. Según la denuncia, esos hechos habían provocado la muerte de 40 enfermos de Covid.
"La fiscalía de la CPI ha determinado que "la presunta conducta" atribuida al exmandatario "no presenta elementos contextuales consultivos de crímenes de lesa humanidad" por los bloqueos protagonizados por la población como actos de resistencia y protesta en contra del gobierno de facto", añade el pronunciamiento del Ministerio de Justicia.
Finalmente, dice el texto, "el Gobierno asume el carácter conclusivo de la decisión del fiscal de la CPI y acatará los alcances del mismo en coherencia con su pleno respeto a la independencia judicial de tribunales nacionales e internacionales".