El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, tendrá que enfrentar una nueva demanda penal esta vez por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, a raíz de supuestas irregularidades registradas en el Servicio General de Identificación Personal (Segip), cuando él era directo responsable de esa institución.

Según las investigaciones preliminares, Costas en su calidad de Director del Segip habría ordenado que las cédulas de identidad podrían llevar la descripción de "indefinido".

"Se habla de una resolución supuestamente contraria a un Decreto Supremo, eso se va a aclarar en la información que se va a generar. Consideramos que esta denuncia es forzada, que surgió en esos tiempos de un gobierno ilegal", refirió Andrés Zúñiga, abogado de Costas.

Actualmente, el exvocal del TSE cumple con medidas sustitutivas dentro de otro proceso por el denominado caso fraude electoral, en el que se investiga presuntas irregularidades registradas en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.

Costas no quiso emitir ninguna declaración sobre la nueva denuncia en su contra.

Por su parte, la esposa del exvocal, Julia de Costas, expresó que están cansados con tantos procesos y con la persecución hacia su familia desde noviembre de 2019.

Aseguró que recibieron amenazas del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, de cargar de procesos contra su esposo si es que no inculpaba a alguien en el caso fraude electoral.