El gobierno del electo presidente de Chile, Gabriel Boric, ratificó al equipo jurídico que defiende la demanda planteada contra Bolivia por derechos sobre el agua del Silala en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La próxima canciller Antonia Urrejola anticipó que la posición de Estado sobre este recurso hídrico es invariable y reveló que en abril serán los alegatos orales.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, continuará al mando del equipo formado por el presidente Sebastián Piñera para encarar la demanda que reivindica derechos sobre el Silala, que, a diferencia de Bolivia, lo considera un río de curso internacional y, en consecuencia, de uso compartido.

Fuentes es la agente chilena ante la CIJ. "El Presidente ha ratificado al equipo que ha estado trabajando con el Silala y Ximena Fuentes, que es la agente en esto, va a seguir siendo la agente junto con todo su equipo y eso es lo que estábamos conversando, que él ratifica a todo el equipo y vamos a seguir trabajando en esa línea, lo alegatos son ahora en abril y ahí no hay un cambio de posición", afirmó.

A diferencia de Chile, Bolivia defiende que los manantiales del Silala nacen y mueren en suelo boliviano y que pasan la frontera debido a obras civiles realizadas hace más de 100 años para el aprovechamiento –vía concesión- del recurso en locomotoras de la firma Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB).

Ambos Estados acabaron en 2019 los alegatos escritos y está pendiente los orales, que es la última etapa para entrar a la sentencia. Todo el contenido de la demanda, por mandato de los procedimientos de la CIJ, están bajo reserva.

En noviembre de 2020, el canciller Rogelio Mayta denunció que la excaciller en el gobierno de Jeanine Áñez, Karen Longaric, incurrió en infidencia al revelar información a Chile sobre el Silala.

Mayta hacía alusión a la declaración de febrero de 2020 de Longaric en sentido de que la administración de Evo Morales reconoció que hay un "flujo natural" de esas aguas que van a Chile. La excanciller aclaró que "cumple con informar, en el marco de sus responsabilidades como autoridad, sin vulnerar la confidencialidad de este proceso".

Ambos Estados ya estuvieron frente al tribunal internacional por la demanda marítima boliviana. Los jueces resolvieron que Chile no tenía, como lo reclamaba Bolivia, obligación de cumplir con sus compromisos de negociar una salida soberana al Pacífico, arrebatada tras la invasión y posterior guerra de 1879.