En noviembre de 2013, Richard Choque Flores secuestró, violó y asesinó a Blanca Limachi, de solo 20 años, por lo que en febrero de 2015 fue condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto. Cuatro años después, en diciembre de 2019, por Resolución 890, dictada por el juez suplente Rafael Alcón, Choque fue beneficiado con una supuesta detención domiciliaria sin vigilancia alguna, lo que le permitió seguir perpetrando crímenes atroces, como los que cometió el año 2021 contra dos jovencitas que fueron secuestradas, asesinadas y enterradas en el domicilio del psicópata. El propio Choque, ya detenido la pasada semana, habría confesado que igual suerte bárbara corrieron en sus manos otras seis mujeres jóvenes.

Las autoridades judiciales, policiales y fiscales deben responder, mínimamente, a estas interrogantes que se formula una sociedad estupefacta e inerme:

1. ¿Por qué, existiendo sentencia condenatoria, no se cumplió la prohibición de indulto, prevista en nuestra Constitución, que impide medidas sustitutivas como la inaceptable "detención domiciliaria por 18 meses", o cualquier redención penitenciaria como manda la ley de Ejecución Penal N° 2298?

2. ¿Quiénes son los responsables de semejante violación de las normas penitenciarías básicas? ¿El juez que dictó la resolución, el médico forense que certificó las supuestas enfermedades terminales, el director de la penitenciaría que suscribió la "buena conducta", el fiscal que, notificado con la petición del condenado, no pidió su rechazó?, ¿o todos ellos actuaron concertadamente para beneficiar al reo?

3. ¿Cuál es la responsabilidad del juez titular que, después de la vacación judicial, podía revocar la decisión del suplente Alcón, o ponerla en revisión de la Sala Penal respectiva? ¿Es que dicho juez titular no tenía acaso la obligación, al menos, de vigilar el cumplimiento de la detención domiciliaria de parte del asesino?

4. ¿Tiene antecedentes penales el juez Alcón? ¿Por qué el Ministerio Público lo sobreseyó después de que una sentencia constitucional del año 2013 habría dispuesto la remisión de su caso a la fiscalía? ¿Por qué el Consejo de la Magistratura no lo suspendió por ese mismo motivo?

5. ¿Quiénes protegieron al juez Alcón para que no sea enjuiciado ni suspendido, pese a sus antecedentes desde 2013? ¿Qué rol jugó en esta impunidad Gonzalo Alcón, su hermano, elegido por el MAS, desde 2018 consejero y presidente del Consejo de la Magistratura, entidad que designa o suspende a los jueces?

Las respuestas a estas interrogantes son imprescindibles para dimensionar el descalabro judicial cotidiano que vivimos los bolivianos y, especialmente el macabro destino de jovencitas indefensas en manos de psicópatas que, con jueces como Alcón, tienen carta blanca para continuar su monstruosa carrera delictiva.

30 años de presidio sin derecho a indulto, vale decir 3 décadas excluidos de la sociedad, es la medida para proteger a la comunidad, que prevé nuestra Constitución y nuestras leyes frente a estos casos. No soy partidario de cadenas perpetuas, ni de penas capitales que no resuelven el drama de la criminalidad atroz, pero tenemos que elevar al máximo el repudio frente a la putrefacción judicial que vivimos, contra jueces que venden "detenciones domiciliarias", forenses que trafican con "enfermedades terminales", o frente a la carencia absoluta de idoneidad personal de la mayoría de los operadores de justicia sumisos a la coima, cuando no al poder político.

El cuadro real parece brutalmente simple: A partir del soborno, el psicópata encarcelado y condenado, primero obtiene su traslado de Chonchocoro a San Pedro, y desde allí tramita su detención domiciliaria, obteniendo para ello los certificados médicos y de conducta penitenciaria para que, casualmente, en medio de la vacación judicial de fin de año, un juez suplente de apellido Alcón, que no conoce el caso —pero cuyo hermano es presidente del Consejo de la Magistratura— cambie la condena penal por una detención domiciliaria sin vigilancia policial alguna, lo que le permite volver a la calle para seguir segando vidas indefensas.

¿Será dolo o lenidad de todos? ¿Será el único caso donde se inventan detenciones domiciliarias, se fabrican certificados médicos forenses e informes de buena conducta? O ¿estamos más bien frente a consorcios judiciales mafiosos, integrados por jueces, fiscales, abogados, médicos forenses y personal penitenciario que han hecho un negocio repudiable del delito, del hacinamiento carcelario, de los delincuentes y, sobre todo, de las víctimas?

Y la pregunta final: ¿Podemos tolerar más esta podredumbre, sin impulsar una profunda reforma judicial?