Al retomar el poder tras ganar las elecciones, el MAS denunció cinco nuevos casos de presunta corrupción cometidos por el gobierno de Jeanine Añez antes de terminar su gestión. Las nuevas autoridades señalan que estas sólo son algunas de las muchas irregularidades detectadas en distintos ministerios.

"Hemos participado en la comisión de transición y para ese efecto visitamos los 17 despachos ministeriales para conocer el estado en el que se encuentran. En ese trabajo hemos sido prácticamente maltratados por este gobierno golpista saliente (...) hemos detectado muchos casos de corrupción, cinco son emblemáticos", manifestó Wilfredo Chávez.


El jurista encabezó la comisión de transición que recorrió los ministerios para conseguir información que ayude al gobierno entrante a asumir sus funciones. Tras esta labor, en días pasados, Chávez fue nombrado Procurador General del Estado.

Las denuncias hechas por la nueva autoridad, antes de su posesión son: robo de documentos del Ministerio de Salud, interrupción de la entrega del subsidio de lactancia, titulación irregular de tierras en favor de la familia Marinkovic, un pago millonario irregular hecho por el Viceministerio de Vivienda y la falta de asignación de recursos para la subvención del diésel.

Añadió que no recibió información completa y que en muy pocos casos los titulares salientes estaban presentes en la entrega. "Lo que generamos es información que no cumple con las expectativas mínimas que tratamos de reunir como comisión", sostuvo Chávez.

El exviceministro de Altas Tecnologías Energéticas José Luis Toco calificó las acusaciones como una "falta de ética". "Hablan de un gobierno de ladrones y es una falta. Nosotros pasamos las más de 50 respuestas que nos pidieron; pero los técnicos eran las mismas personas que trabajaban cuando ellos gobernaban", afirmó.

Pero con la posesión de los ministerios surgen nuevas denuncias . Es el caso del nuevo ministro de Economía Marcelo Montenegro, quien aseveró que Añez dejó las arcas del Estado con "algo más de 4.000 millones de bolivianos" y no con los 17.000 millones que anunció hace dos semanas el entonces ministro Branko Marinkovic. "Dejaron datos a la comisión que no reflejaban la realidad", sostuvo Montenegro.

Primero: robo de documentación en el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud fue una de las carteras que desató un interés especial para el cambio de mando. Por la crisis sanitaria que azota al mundo, en el año del Gobierno de transición se convirtió en uno de los ministerios más importantes, pero también el más polémico.


En un año se vio envuelto en varias anomalías referidas a la lucha contra la Covid-19. Tres ministros fueron nombrados.

"Lo que nos parece raro es que anoche (5 de noviembre) se suscitó un extraño robo en el archivo del Ministerio de Salud, mismo que ya es de conocimiento público", manifestó Chávez.

El robo, según él, se realizó la noche antes de la presentación del informe de la comisión de transición.

"He indicado a las autoridades que fueron sustraídas computadoras y documentación de la Unidad de Proyectos y conocemos que los respiradores han sido financiados con recursos de los otros proyectos. Podemos entender que se han robado esa información para que no podamos conocerla", sostuvo.

Sobre esta cartera pesan los casos respiradores españoles y respiradores chinos. En ambos casos se presume un sobreprecio y la adquisición de equipos en mal estado. Estos y otros insumos fueron adquiridos con los fondos redireccionados de otros proyectos.

Página Siete se contactó con algunas autoridades salientes de esta cartera, ninguna pudo dar datos sobre esta denuncia que aseguraron desconocer. El ex asesor técnico del Ministerio de Salud Rene Sahonero dijo que al tratarse de otra unidad, no conoció del supuesto hecho.

Este medio también solicitó a la actual gestión de Salud información sobre los elementos que habrían sido sustraídos. Estamos a la espera de la respuesta.

"Han actuado delincuencialmente para llevarse la información. Si había una pequeña duda sobre que el gobierno saliente tenía transparencia, con este hecho se termina cualquier indicio", dijo Chávez.

Segundo: las polémicas 33.000 hectáreas

"Se verificó la entrega de propiedades a la familia del saliente Branko Marinkovic. En seis días entre el 21 y el 26 de octubre esta familia recibió el título de casi 40.000 hectáreas, sin esperar los 30 días necesarios para la posible impugnación. Han devuelto a esa familia una laguna a la que hace tiempo no se le permitía ingresar a los hermanos indígenas", dijo Chávez.

El caso salió a la luz días antes del informe presentado por Chávez. La alerta llegó desde la Fundación Tierra que denunció que el gobierno de Jeanine Añez tituló de forma irregular 33.480 hectáreas, a través del Decreto Supremo N° 4320.

El director de la Fundación Tierra Gonzalo Colque indicó que el caso data de 2007, cuando se hicieron observaciones a la tenencia de los predios de las empresas Laguna Corazón (12.480 hectáreas) en la provincia Guarayos y Tierras Bajas del Norte (21.000 hectáreas) en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas.

A través de un comunicado, la familia Marinkovic Jovicevic aclaró que el exministro Branko Marinkovic no tiene ninguna relación de propiedad -ni como accionista- en esas tierras y, por el contrario, le corresponde a la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón. Se afirmó que la titulación duró más de 10 años y se hizo cumpliendo con la ley.

Ya en 2007, Laguna Corazón fue observada por no cumplir con la función económico-social (FES) y contar con actividad agropecuaria ilegal dentro de la reserva Guarayos. Pese a ello en 2015, según documentación publicada en la página web de la DGAC, Laguna Corazón consiguió una certificación para un aeródromo privado. Entre los accionistas de entonces figuran varios familiares de Marinkovic, incluyendo su hijo.

Al margen de la polémica por los propietarios, el investigador en temas agrarios Juan de Dios Fernández advierte que lo que no queda claro en este proceso es cómo se ha validado el cumplimiento de la FES. Su segunda advertencia es que Laguna Corazón tiene una superficie de 12.600 hectáreas, de las cuales sólo 2.600 tienen un derecho constituido. De las restantes 10.000, pretenden justificarse como posesión, cuando la ley establece que no se puede reconocer derechos mayores a 5.000 hectáreas.

Tercero: un pago millonario en el Viceministerio de Viviendas

Según la comisión que recogió los informes sobre la situación de los ministerios, el 6 de noviembre -cuando faltaban dos días para la posesión del nuevo gobierno- el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Viviendas, procedió al pago de más de 240 millones de bolivianos a la empresa Rosendo Barbery. El concepto fue la construcción de viviendas.

"Eso equivale a 37 millones de dólares. Se pagó en cuestión de horas. Noche antes dijeron que todo era transparente y que no había ningún pago, pero horas después este se hizo efectivo", afirmó Chávez en conferencia.

Esta denuncia es la que menos detalles tiene, hasta el momento, sobre la naturaleza de la irregularidad.

El lunes pasado, luego del acto de cambio de mando, el extitular de Obras Publicas Iván Arias fue la única autoridad que entregó su despacho personalmente. Se presentó frente a los medios junto al viceministro de Viviendas Vladimir Ameller.

"Estamos entregando toda la información pedida. La comisión aún esta trabajando ahí dentro. Lo único que nos llevamos es una copia de la información que estamos entregando. eso es totalmente legítimo. No es nada oculto, todo está foliado y no va a faltar nada", manifestó Arias antes del acto de entrega.

Afirmó que se va con la conciencia tranquila y respondió a las denuncias de Chávez sobre el estado "desastroso" en el que se encontraban los ministerios y la economía del país. Negó que se haya hecho algún pago.

"En un año no se pudo haber hecho el despilfarro que se hizo en 14. No se acusa a un año lo que ya se venía arrastrando con déficit y empresas deficitarias. Lo que hemos hecho es administrar la crisis en un momento muy difícil y entregamos una economía estable en una situación crítica como está todo el mundo", dijo la exautoridad.


Página Siete intentó comunicarse con Ameller para conocer sobre el pago denunciado, pero no tuvo éxito.

Cuarto: sin recursos para la subvención de diésel

La cuarta denuncia hecha por la comisión de transición tiene que ver con el Ministerio de Hidrocarburos y el manejo de los recursos. Se explicó que se dejó uno de los ítems sin presupuesto de forma premeditada, para generar caos.

"En el tema de hidrocarburos, la información que tenemos es que el gobierno saliente, a objeto de ponerle zancadillas al entrante, no cumplió con las responsabilidades de aprovisionar y prever los recursos económicos para la subvención del diésel", indicó Wilfredo Chávez.

El ahora Procurador del Estado manifestó que las anteriores gestiones del MAS se "esmeraron en las plantas", a objeto de no tener que pagar por diésel subvencionado, por los daños que se podrían causar.

La subvención del diésel, además de esta nueva denuncia, ya forma parte de los casos de corrupción denunciados en YPFB durante la transición.

El 7 de mayo de 2020, el fiscal departamental de La Paz Marco Antonio Cossío indicó que, a pedido de la Unidad de Transparencia de YPFB, el Ministerio Público inició las investigaciones de las presuntas irregularidades dentro de la estatal.

Una de las tres anomalías investigadas era la compra de combustibles. Se observaron dos adjudicaciones directas y sin licitaciones de 127.617 metros cúbicos de diésel oil e insumos y aditivos por un monto de 78.950.035 dólares.

En julio se conoció un contrato directo en el que se indicaba que el Gobierno boliviano compró diésel argentino a la empresa Vitol a 161 dólares por metro cúbico. Esta cifra estaba muy por encima de los 92 dólares que ofrecía otra empresa.


Se indicó que actualmente hay una alerta para que el nuevo ministro del área actúe de forma inmediata para cumplir con estas tareas. "Lo que quieren es que no haya diésel para poner en zozobra a la población y al sector agricultor. No fue un error, fue intencional", sostuvo Chávez en su informe.



Quinto: la paralización de los subsidios de lactancia


Según el informe presentado por la comisión de transición, una de las irregularidades es la paralización en la entrega del subsidio de lactancia.

"Han atacado algo que tiene que ver con la vida, los subsidios de lactancia pos y prenatal. No se están repartiendo y extrañamente los últimos días han abierto licitaciones y convocatorias. Seguro a objeto de hacer otro negociado más para sumarlos a los cientos que han hecho en el último tiempo", afirmó el ahora Procurador.

Según los beneficiarios, hace semanas que no pueden acceder a los productos del subsidio que eran distribuidos por los supermercados. Estos incluyen a los abarrotes, vegetales y carne.

Según les explicaron en los centros de expendio, esto es debido a que no se renovaron ni pusieron al día los contratos entre el Estado y las cadenas de supermercados.

Desde el Servicio de Empresas Públicas Productivas (Sedem) se emitió un comunicado en el que se explica que la entrega de esta parte del subsidio se detiene del 1 al 9 de noviembre. Se argumenta un "cambio de adecuación al sistema y ampliación de puntos de distribución".

Sin embargo, hasta el viernes 13 de noviembre el servicio no fue respuesto. Desde el Sedem se indicó: "Debido a la transición de gobierno los procesos administrativos están paralizados, no tenemos fecha exacta. Agradecemos su comprensión".

El 30 de octubre el Sedem anunció la reunión con Fegabeni para acordar la compra de lácteos para el subsidio, dando fin al conflicto por el que no podían entregar su producto a EBA. Con esta medida se pretendía generar estabilidad al sector lechero.

El 23 de octubre Añez presentó un nuevo paquete de subsidio para Beni y Pando. Estos contaban con 84 productos, entre cereales, derivados de alto nivel nutricional como verduras, frutas, lácteos, carne y aceite. Afirmó que estaban adecuados de acuerdo a la necesidad de las mamás de cada región.