El juez Rafael Alcón está acorralado. Tras su aprehensión, declaración ante la Fiscalía y encierro en celdas judiciales, este sábado se llevará a cabo su audiencia cautelar, en la que el Ministerio Público adelantó que solicitará su detención preventiva en la cárcel.

Alcón será imputado de tres delitos: prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por haber ordenado en 2019 la liberación del feminicida Richard Choque Flores, quien volvió a asesinar tras el beneficio otorgado.

El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó el viernes la audiencia cautelar. «Estamos con una voluntad de esclarecer este caso, se tiene el compromiso del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, y el Ministerio de Justicia», señaló en una entrevista brindada a los medios estatales.

Flores fue procesado en 2013 por el asesinato de una universitaria y sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, en 2015. Sin embargo, en 2019, Alcón le dio arresto domiciliario por supuestas enfermedades graves y por "buen comportamiento".

La decisión fue asumida en tres días, de manera exprés, cuando determinaciones similares toman al menos un mes, denunció Lima. No hubo seguimiento del sistema judicial, ya que Choque debía estar de nuevo tras las rejas a mediados del año pasado.

Ya en libertad, volvió a asesinar. En su domicilio de El Alto fueron hallados los cadáveres de dos muchachas. Más aún, es acusado de al menos 77 violaciones. Las investigaciones continúan y hay sospechas de más víctimas, por lo cual su casa será demolida.

El presidente Luis Arce pidió una sanción ejemplar contra el juez Alcón. El Ministerio de Gobierno anunció dos querellas, una contra este operador de justicia y otra contra el feminicida, cuyo cómplice en el crimen de 2013 se encuentra sin paradero.

Otra de las irregularidades es que el expediente de Choque está desaparecido, por lo cual es "reconstruido", tal como afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Además, Alcón gozó de protección por parte de su hermano, exconsejero de la Magistratura.