En dos semanas de escándalo, pero también de vergonzosa inacción estatal, ha quedado al descubierto que el gobierno departamental de Potosí, encabezado por Johnny Mamani, planeó desembolsar a Estefals Logistics, una empresa creada irregularmente, la suma de 22,1 millones de bolivianos, equivalentes a 3,1 millones de dólares.

El plan pasaba por la creación de una empresa que debía adjudicarse esa cantidad de recursos públicos de manera directa, sin licitaciones de por medio. Funcionarios de la Gobernación dejaron sus escritorios y salieron a la calle para buscar un NIT para conformar una compañía unipersonal. Encontraron uno en un taller automotriz de la capital.

La invitación directa evitaría que las grandes importadoras de coches del país participen en los procesos de adquisición. Entonces decidieron utilizar el azote de la pandemia del coronavirus, la lucha contra la violencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana como justificativos de las compras de ambulancias y vagonetas.

De paso, se garantizaba que el despacho del gobernador Mamani renueve el principal vehículo de esa instancia y estrene una vagoneta cero kilómetros de 95.000 dólares comenzando este año. Había recursos suficientes en el presupuesto departamental para comprar los cerca de 50 nuevos vehículos y la ejecución no debía implicar mayores dificultades.

Al inicio del escándalo de las 41 ambulancias fantasmas, Mamani defendió el proceso de contratación por 20,5 millones de bolivianos que beneficiaba a la empresa unipersonal representada por Humberto Huanca. Sin embargo, tomó distancia cuando se supo que Estefals Logisctics había sido constituida con el NIT de un taller automotriz de la capital potosina.

Y remató su actitud pilatuna, cuando anunció la anulación del contrato, el procesamiento interno de funcionarios, la ejecución de la boleta de garantía y un proceso penal contra la empresa con la seguridad de que era la manera de aplacar las denuncias, neutralizar la atención de los medios de comunicación y salir del ojo de la tormenta.

Pero, el contrato firmado el 26 de noviembre de 2021 por 20,5 millones de bolivianos para la compra de las 41 ambulancias que nunca llegaron a Potosí, a pesar de un acta de recepción, no era el único. El plan había contemplado la adjudicación de los 3,1 millones de dólares a la compañía unipersonal de Huanca mediante cuatro contrataciones.

El segundo contrato fue rubricado con Estefals Logistics el 13 de diciembre de 2021 para la compra de dos vagonetas para instancias de la Fuerza de Lucha Contra la Violencia por 689.040 bolivianos. El tercero fue suscrito el 22 de diciembre de 2021 para la "adquisición de vehículos" que serían destinados a instancias de seguridad ciudadana por 1,3 millones de bolivianos.

El 24 de diciembre, cerrando el mes de las contrataciones a Estefals, se firmó la adjudicación para la provisión de una vagoneta cotizada en 661.130 bolivianos, es decir 95.000 dólares, para el despacho de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Gobernación de Potosí.

La Fiscalía Departamental, el Viceministerio de Transparencia, la Asamblea Departamental y la Brigada Parlamentaria iniciaron investigaciones, cada uno por su lado. Por supuesto que la más importante es la del Ministerio Público, pero recién programó un rol de declaraciones de testigos y sindicados.

En Santa Cruz, la investigación de los ítems fantasmas ya provocó imputaciones fiscales, detenciones preventivas, anotaciones de bienes, allanamientos de instituciones y domicilios particulares, y una larga cadena de declaraciones. En Potosí, todo eso está por comenzar.

En Potosí, apenas un fiscal investiga el caso de las ambulancias fantasmas y otro verifica el uso de un NIT ajeno para conformar la empresa Estefals Logistics, mientras que en Santa Cruz una comisión de fiscales trabaja 24/7 supervisada por la Fiscalía General del Estado. Las diferencias responden obviamente al interés político del poder central de estigmatizar a unos y proteger a otros.