La Fiscalía emitió imputación formal en contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes, el alcalde de esa región, Jhonny Tórrez, el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila y el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez, por el delito de instigación pública a delinquir, respecto al paro cívico sectorial en contra de la abrogada ley 1386, realizado en noviembre de 2021.
"El viernes llegó una citación para que nos presentemos el 28 a declarar. Estamos muy preocupados como sector transporte pues las medidas que tomamos para derogar la 1386 fue a pedido de todo el departamento y de todo el país y vemos que la sacaron, dando la razón", dijo Pérez, dirigente del transporte.
La denuncia en contra de las autoridades locales, y dirigentes de Tarija fue presentada el 11 de noviembre en la Fiscalía de Tarija por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez, luego que se registraran enfrentamientos entre personas a favor y en contra del paro.
"Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado, colaborando a la incitación a la violencia a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos", se lee en el documento de imputación emitido por la fiscal de materia Anticorrupción de Tarija, Adriana Flores.
El noviembre de 2021 distintos sectores del país realizaron un paro movilizado para exigir la anulación de la ley 386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, norma que fue abrogada por el Gobierno a raíz de dicha medida de presión.
En Tarija el 9 de noviembre se registró un enfrentamiento entre campesinos y sectores que realizaban bloqueos en distintos punto de esa ciudad, que culminó con personas heridas y gasificaciones por parte de la Policía.
Fiscalía imputa al Gobernador y al Alcalde de Tarija por el paro contra la Ley 1386
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