El Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de ocho personas, entre ellas el exministro de Salud Marcelo Navajas, presuntamente implicadas en irregular de contratación directa para la compra de 170 ventiladores pulmonares, de la marca y modelo Respira Device, de origen español, informó este miércoles Juan Lanchipa, fiscal general del Estado.

Entre los acusados también se encuentran el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela; el exdirector ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovanni Pachecho; la exencargada de Equipamiento de la AISEM Ana Fernanda Espinoza; la exencargada de Adquisiciones Gabriela Claudia Pérez; el excónsul de Bolivia en España David Alberto Pareja Lozada; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (CEASS) Fernando José Arias Alzerreca; y Luis Fernando Humérez Ortíz.

Éste último pudo haber sido el contacto entre los personeros de una empresa española y el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud.

Los delitos atribuidos a los exfuncionarios públicos son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.

"Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real e ideal", sostuvo Lanchipa.

El fiscal recordó que este proceso de compra se inició el 8 de mayo de 2020; es decir durante el gobierno de Jeanine Áñez y en uno de los momentos más críticos para el país por la emergencia sanitaria. Sin embargo, los respiradores españoles, cuando fueron recibidos, no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de que no eran aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ni para tratar pacientes críticos de COVID-19.

Es así que en este proceso, el Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada en 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación.

Entre ellas, según una nota de informativa de la Fiscalía General, el dictamen pericial de auditoria forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los 170 ventiladores pulmonares; informes técnico-periciales de informática forense a diferentes equipos celulares, de donde se extrajo conversaciones borradas que vinculan a los acusados en estos hechos; informes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor; así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico, que estableció que los ventiladores pulmonares no eran aptos para la Unidad de Terapia Intensiva ni para tratar pacientes críticos del COVID-19, entre otras.

Lanchipa indicó que los ventiladores fueron adquiridos de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting Global SL, a pesar de las observaciones que hizo en su momento un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que advirtió que esos equipos eran muy básicos para terapia intensiva y no cumplían las especificaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, que se contaba con una mejor oferta y precios de la empresa boliviana Cosin Ltda., que ofrecía los ventiladores a $us 13.000 la unidad, aproximadamente.

El proceso de compra directa de los ventiladores se realizó entre la empresa española intermediaria IME Consulting Global SL y la AISEM, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto superior a los $us 4 millones, de los cuáles se pagó la mitad, es decir, más de $us 2 millones. Luego el proceso fue paralizado porque no cumplía con las especificaciones y por falta de accesorios. El precio unitario de cada ventilador acordado fue de $us 28.000, aproximadamente.

Desdoblamiento del caso

Con relación a los españoles Iñaki García e Ignacio Mazarraza de la empresa intermediaria IME IME Consulting Global SL, y el abogado Wálter Zuleta, que radica en Perú, a efectos de dar continuidad y celeridad en la sustanciación del juicio oral en contra de los ahora acusados, se dará lugar al desdoblamiento del caso principal para que, según la Fiscalía, sobre los mismos se desarrollen los procedimientos correspondientes a la cooperación internacional, considerando que no se encuentran en territorio nacional.

Según informes emitidos por el CEASS, se evidenció que físicamente los ventiladores pulmonares se encuentran en instalaciones de esa institución ubicadas en la avenida 6 de Marzo de la ciudad de El Alto y sin funcionamiento.