En entrevista exclusiva con La Razón, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que un motín policial, como el que ocurrió en noviembre de 2019, no puede volver a ocurrir. Develó que su antecesor, Arturo Murillo, convirtió a su despacho en una "comisaría política".

Antes de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, también presionado por la petición de dimisión de parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana se amotinó contra la administración del mandatario, al punto de dejar al país en la inseguridad.

"Es algo que no puede volver a ocurrir en nuestro país; se rompió la institucionalidad, donde civiles sobornaron a unos cuantos policías y fueron en contra de la institución y de la patria", cuestionó Del Castillo, ahora cabeza política de la Policía Boliviana.

Durante los conflictos policiales, el entonces líder del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pactó apoyo de la Policía Boliviana, a la que prometió cumplir un pliego de demandas, como llamó, una vez que Morales sea despojado del poder.

"Estamos investigando lo sucedido y después vamos tomar las medidas correspondientes por lo ocurrido", adelantó el ministro.

Sin embargo, no generalizó al conjunto de los policías. Pero planteó un plan para la institución bajo tres prerrogativas: dignidad, institucionalización y disciplina.

En la entrevista con La Razón, Del Castillo afirmó que su despacho trabajará en la reconciliación y la unidad del país, sin revanchismos ni persecución. Mi oficina, "desde el inicio de mi gestión ha dejado la persecución, amedrentamiento y revanchismo que se originó con el anterior gobierno".

Esto, aseguró, a diferencia de la gestión de Murillo. El Ministerio de Gobierno "dejará de ser la comisaría política para convertirse en una institución imparcial, que coadyuve a la prevención y al esclarecimiento de todos y cada uno de los casos, para que las víctimas, encuentren justicia. Construiremos una institución con respeto a los derechos humanos, el diálogo y la dignidad humana", prometió.