El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó hoy que la Comisión de Fiscales que investiga el caso denominado "Gases Lacrimógenos" presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y Defensa, Fernando López, además de otras siete personas.

Las nueve personas son acusadas por estar involucradas en el proceso de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019, hecho que causó un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos. Dos de los acusados son ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, seis del Ministerio de Defensa y uno de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.

"En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal, debidamente sustentado, basado en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los Ministerios de Gobierno y Defensa. También se tiene una pericia de auditoría forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios", dijo Lanchipa.

La autoridad explicó que la acusación formal fue presentada en contra del ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien fue declarado rebelde; el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López, (rebelde); el ex director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora (rebelde; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López; el ex jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho; el ex director de Logística, Pedro Rea; la ex directora General de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque; y el ex responsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Dennis Vera. Asimismo, se presentó la acusación formal en contra del representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC. Bryan Samuel Berkman, quien fue declarado rebelde.

"Los delitos atribuidos a los acusados son Uso Indebido de Influencias, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública e Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, entre otros. Por todos estos delitos la Fiscalía está solicitando una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados, que es de 10 años de prisión, además se debe considerar las agravantes", sostuvo el Fiscal General.

Manifestó que con la presentación de la acusación formal la Fiscalía está a la espera del señalamiento del inicio de juicio por parte de la autoridad jurisdiccional sin que la declaratoria de rebeldía de algunos de los acusados impida su normal desarrollo.

Lanchipa hizo conocer que a efectos de la reparación integral del daño el Ministerio Público en su oportunidad ya requirió todas las medidas cautelares de carácter real sobre los bienes de los ahora acusados.