Joadel Bravo, abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa, denunció este martes que el actual alcalde cruceño, Jhonny Fernández, está involucrado en una "red de tráfico de ítems" que data de cuando fungía como concejal, entre 2019 y 2020.
Tras una presunta cuota de ítems por el acuerdo entre Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y la agrupación de Percy Fernández, Santa Cruz Para Todos (SPT), la secretaria del entonces concejal Jhonny Fernández, Ana Gloria Salazar, supuestamente negoció ítems y cobró entre $us 2.000 y 5.000 a sus víctimas.
"Cuando Jhonny Fernández era concejal (…) recibe un determinado número de ítems en su parcela por su participación dentro de la administración de la alcaldía municipal, a partir de ahí, la secretaria personal de Jhonny Fernández, al interior de su despacho en el Concejo, va a traficar dichos ítems con personeros de algunos de la propia UCS", indicó el jurista en entrevista para Bolivia TV.
Entre los integrantes de esta presunta red, estarían, además, el actual secretario Jurídico, Ever Mérida, y la directora de la Trasparencia, Adriana Pedraza.
Según la denuncia del jurista, Mérida fue abogado de Salazar e intentó "negociar" con las supuestas víctimas para que no realicen la denuncia. Además, señaló que Pedraza no realizó seguimiento a los procesos que se iniciaron contra la exsecretaria y ayudó a que los mismos se extingan.
Bravo exige que se investigue a estas autoridades por el presunto tráfico de ítems, aseveró que al inició se tenían siete víctimas, por lo que se abrieron procesos administrativos, pero, ahora, se tiene a 48 víctimas. Aseveró que se cuenta con las pruebas de que los afectados pagaron por tener un ítem en la alcaldía cruceña.
"Toda esta documentación nos ha llegado recientemente de personeros de la UCS, que nos han hecho notar este aspecto, es decir, Sosa no lo declara, porque no lo conocía en ese momento de su declaración", aseveró.
Por su parte, el secretario jurídico, Ever Mérida, rechazó estas denuncias y aseguró que Ana Gloria Salazar realizó estas acciones irregulares cuando concluyó sus funciones.
"Son situaciones totalmente falsas (...). No había ningún tráfico de ítems, simple y sencillamente la señora Gloria Salazar presumiblemente sonsacaba dinero con la promesa de conseguir algún espacio laboral", indicó Mérida en Red Uno.
Alegó que la Fiscalía rechazó el caso por el delito de "estafa agravada" porque los denunciantes presentaron un desistimiento. Asimismo, indicó que el alcalde Fernández solicitó que se realice una investigación sobre la supuesta estafa de Salazar.
"Este delito lo comete una persona particular y no un funcionario público, de aquí se desglosa que la señora Salazar supuestamente cometió esos hechos cuando no era funcionaria pública", explicó.
Señaló que no existe ninguna complicidad de las autoridades actuales y que la denunciada trabajó hasta el 2 de mayo, y los presuntos hechos de corrupción ocurrieron el 14 de mayo del 2019, por lo que "no existe complicidad".