El Gobierno inició este miércoles un juicio penal contra el exministro Juan Ramón Quintana y el exdirector de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Rolando Sánchez Serrano, por presunto desvío de fondos públicos para la compra de medios de comunicación privados, ATB y La Razón-Extra, "para definir una línea favorable al gobierno" de Evo Morales ( 2006-2019).

"La denuncia ante el Ministerio Público ya está en curso y fue presentada por la UIF y la UPRE, dependiente de la Presidencia", afirmó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y aseguró que "el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) establece un presunto ilícito: el uso de recursos públicos transferidos a privados para la compra de acciones de ATB y otros medios".

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Estado, al que tuvo acceso Brújula Digital, establece que el gobierno de Venezuela le prestó al Estado boliviano, entre 2008 y 2009, la suma de 16,1 millones de dólares a través del programa Evo Cumple.

El ministro Núñez afirmó que "son más de 16 millones de dólares, recursos provenientes de Venezuela para Bolivia y que fueron transferidos a Marcelo Hurtado Flaba Treiding y Estrategias Energéticas".

Aseguró que "la Embajada de Venezuela transfirió más de 16 millones de dólares a Marcelo Hurtado. Este transfiere 4,5 millones de dólares a España y más de 10 millones de dólares a EEUU".

El informe de la UIF señala que una vez recibidos esos recursos, que le pertenecían al Estado boliviano, fueron traspasados a cuentas privadas. Luego se enviaron 4,5 millones de dólares a España a cuentas del grupo PRISA, mediante la empresa Flaba Trading, que pertenece a Marcelo Hurtado, para la adquisición de La Razón-Extra, dice el informe de la UIF.

Otros 10,02 millones de dólares fueron enviados, según el reporte, a cuentas en EEUU a nombre de Jordán Silva Tugues, asistente del empresario venezolano chavista Carlos Gill, para la adquisición de ATB. Para ello se usaron las cuentas de las empresas de Hurtado: Flaba Trading y Estrategias Energéticas.

Posteriormente, añade el informe, las acciones de La Razón-Extra terminaron en manos de Carlos Gill, y las de ATB en las de Marcelo Hurtado; este último fue gerente general de esa empresa durante una década hasta que cayó detenido en enero pasado acusado de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. Hurtado luego fue también propietario de PAT, según datos de la Fiscalía que sigue la investigación, canal que el gobierno anterior adquirió mediante extorsión según denunció su dueño anterior, Abdallah Daher.

El ministro Núñez afirmó que "documentos bajo rótulo del programa Bolivia Cambia, firmado por el embajador Julio Montes, solicitar traspaso de recursos a las empresas de Hurtado; pueden ver la documentación donde solicita el desembolso de recursos a estas dos empresas por parte del embajador de Venezuela con rótulo del programa Bolivia Cambia Evo cumple"

Proceso penal en curso

El ministro Núñez informó que la denuncia cursa por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

"Por este caso, presentaré una denuncia contra Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y Rolando Sánchez Serrano, exdirector de la Upre", dijo Núñez.

Afirmó que el verdadero "cartel de la mentira" la dirigía Quintana y no así los medios críticos del gobierno del MAS. Página Siete, ANF y El Deber. "Lo que queda claro es que había un cartel de la mentira y era este comprado por Evo Morales y de manera dolosa; ahora vemos que los recursos servían para comprar medios de comunicación para definir una línea favorable al gobierno, pero crítica y persecutoria de opiniones distintas al gobierno de entonces", dijo.

El titular de la Presidencia afirmó que "estamos evaluando nuevas acciones, queremos actuar en el marco de la ley, cumpliendo el protocolo para que la población conozca las transferencias" y aseguró que "solicitamos la participación de la Procuraduría General del Estado para evaluar otras acciones es nuestro deber resguardar el patrimonio del Estado y de los bolivianos".