Así como es imposible que alguien no sepa que un elefante se ha metido en su living, no es concebible que durante años alcalde o alcaldesa, secretarios municipales, directores y jefes de unidad no percibieran que un 20% de sus planillas estuviera ausente o simplemente no existiera. Entre 800 y 1200 ítems fantasmas, repartidos en el gobierno municipal de Santa Cruz, dan cuenta del nivel extremo de corrupción institucional alcanzado. Esta enorme cantidad de personal existente solo en las planillas para fines de cobro y latrocinio, únicamente es posible en un escenario de complicidades y beneficios ilegales que, seguramente, abarca a una extensa capa de funcionarios jerárquicos y, necesariamente, a las máximas autoridades, al menos del ejecutivo municipal. Así como es imposible que alguien no sepa que un elefante se ha metido en su living, no es concebible que durante años alcalde o alcaldesa, secretarios municipales, directores y jefes de unidad no percibieran que un 20% de sus planillas estuviera ausente o simplemente no existiera. La investigación fiscal y judicial ojalá devele la trama mafiosa, la desarticule y sancione a los responsables, recuperando el dinero que es de todos los cruceños. Sin embargo, como ya se ha empezado a conocer, los ítems fantasmas habían sido un mecanismo de enriquecimiento ilícito aplicado en otras alcaldías como la de Warnes y en otras instituciones públicas como la Caja Nacional de Salud. ¿Cómo andarán de fantasmas los ministerios, las empresas públicas, las gobernaciones y las otras alcaldías? ¿Habrá fantasmas también en las universidades autónomas? Tal vez el hilo nos lleve a la madeja de una "cultura" corrupta generalizada que, por décadas, supone que los bienes públicos son patrimonio privado de las autoridades, de los grupos de poder o de los partidos. El patrimonialismo junto al autoritarismo y la impunidad están a la base de esta cultura corrupta, que no solo le roba recursos imprescindibles a la comunidad, sino que socava la credibilidad de los líderes y gobernantes, de los partidos y del propio sistema democrático. No es posible generalizar, pero la corrupción ha estado presente estos 40 años en casi todos los gobiernos, por lo que resulta a veces cómico que los entusiastas denunciantes de hoy sean los escurridizos corruptos de ayer. La consigna masista de "ahora es cuando", referida a la oportunidad histórica de los excluidos, fue degradada hasta convertirse en el turno para el raterío. Por eso se pasó, con gran facilidad, de la corruptela interminable del "proceso de cambio" al pillerío apresurado del gobierno transitorio. Sin embargo, la sola "conceptualización" de la madeja nos puede situar en la contemplación analítica, cuando más bien, de acuerdo a nuestra experiencia en la alcaldía de La Paz durante 10 años, establecimos que sí era posible combatir la corrupción, al menos en los gobiernos locales. Las todavía flamantes autoridades subnacionales deberían emprender, de inmediato, las tareas de un triple saneamiento, como punto de partida: Saneamiento institucional, imponiendo el cumplimiento estricto de las leyes y las normas en todo el desempeño gubernamental interno, el respeto a mayorías y minorías deliberantes, al tiempo que se redefine la estructura organizacional eliminando la burocracia, definiendo con claridad objetivos, tiempos y responsables de una acción de gobierno planificada que tiene como principio y fin el interés de la comunidad y no el de los partidos.
Saneamiento financiero, haciendo un relevamiento riguroso de gastos e ingresos, recortando partidas innecesarias, racionalizando el gasto salarial ejecutivo, implantando la austeridad del gasto, promoviendo acuerdos público-privados, y estableciendo planes para el refinanciamiento de la deuda y la creación de nuevas fuentes de ingresos.Saneamiento ético, investigando y sancionando todos los casos de corrupción denunciados, priorizando auditorias, eliminando el cuoteo y el prebendalismo partidario en los cargos, informando a la población de manera transparente todo el destino del dinero público, planillas, sueldos, contratos etc. y creando mecanismos de participación ciudadana en el control de la gestión. Esto y mucho más, amén de investigarse, es lo que debe hacerse en el municipio de Santa Cruz y en todos los gobiernos departamentales, de las ciudades capitales y El Alto, porque de lo contrario los casos de corrupción les estallarán en la cara a los nuevos gobernantes, inviabilizando sus gestiones. Los hechos consumados tienen que sancionarse judicialmente, pero sabiendo que nuestra justicia es también fantasmagórica, una visión preventiva estructural podría ser el camino indicado, al tiempo que desnaturalicemos la corrupción, construyendo una verdadera cultura ética y democrática. Juan Del Granado es Abogado y Politico