Antonio P. V., director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz durante la gestión de Percy Fernández, es el principal acusado por 800 ítems fantasma. Cuantiosos bienes fueron adquiridos por el exfuncionario.

Entre los bienes que tiene registrados a su nombre el principal acusado del ilícito están seis casas y 18 vehículos, además de otras propiedades que fueron puestas a nombre de sus familiares, informó a La Razón el director Jurídico de la Alcaldía cruceña, Ever Mérida.

"Son inmuebles de cuantiosas sumas y que fueron adquiridos el mismo año, el mismo mes y el mismo día, es decir que en un solo día este señor Antonio P. adquirió, (por ejemplo), tres inmuebles y otro día compró cinco vehículos", informó el funcionario.

La investigación por este caso fue iniciada el lunes luego de que la exesposa del principal sindicado Valeria Rodríguez presentara una denuncia en el Ministerio Público, que ahora investiga el caso de oficio. El martes se sumó a la denuncia el Gobierno Municipal de Santa Cruz, que amplió la denuncia contra otros tres funcionarios: Javier C. C. (director de Recursos Humanos de la gestión de Angélica Sosa), Javier C. M. (asesor de Recursos Humanos) y Julio H. A. (exfuncionario municipal).

De acuerdo con las primeras investigaciones, el modus operandi de los exempleados ediles era consignar los nombres titulares de los supuestos funcionarios, los registraban y llevaban planillas de los ítems a la Cooperativa Jesús Nazareno, donde se realiza el pago de sueldos, y cobraban todo el monto. Ellos firmaban a cuenta de los supuestos titulares.

"Por esa razón, hay también la intención de solicitar a la cooperativa que emita un detalle de todos los funcionarios que en ese período hacían el cobro correspondiente y bajo qué constancia. Es un trabajo bastante sacrificado, es una investigación que va a ameritar de muchos auditores para establecer la realidad de los hechos", sostuvo Mérida.

En mayo, cuando ingresó la nueva gestión a la Alcaldía, se presentó una primera denuncia por otros 500 ítems fantasma. Sin embargo, la Justicia rechazó la acusación y arguyó que faltaba un informe de auditoría a pesar de que presentaron 4.500 fojas con pruebas de que se cometió el ilícito.

"El alcalde Jhonny Fernández se sorpendió porque presentando las pruebas no dieron curso a la acusación. El fiscal dijo que era un caso de poca relevancia social y económica y estábamos hablando de una proyección de más o menos Bs 153 millones", mencionó el Director Jurídico de la Alcaldía.

Los exfuncionarios serán acusados por siete delitos: legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.

Mérida señaló que no se descarta que en el desarrollo del proceso se amplíe la investigación a otras personas, así como el tipo penal. También la exalcaldesa Angélica Sosa será investigada.

Envían una comisión de fiscales a Santa Cruz

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, instruyó que una comisión especial conformada por un fiscal superior, la Dirección de Gestión Fiscal y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción se traslade a la ciudad de Santa Cruz para realizar una supervisión y evaluación en torno al caso de presuntos 800 ítems fantasma en la anterior gestión municipal.

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, dijo que se instruyó que la comisión especial realice una inspección y supervisión en torno a este caso. Los fiscales comenzaron ayer su trabajo en Santa Cruz.

"La comisión va a realizar el relevamiento de información correspondiente e identificar si es que hubiere las irregularidades que se denuncian, atender una serie de denuncias que se han realizado también en los medios de comunicación", dijo Quispe.

El funcionario manifestó que con el resultado de la información que recoja la comisión en estos días se podrá, con fundamento y con prueba material, identificar a los responsables si los hubiera o realizar las aclaraciones correspondientes con relación al caso.

La Alcaldía cruceña presentó ante el Ministerio Público una solicitud para que se emitan las órdenes de declaración de los acusados. También se pidió la anotación preventiva de bienes y el secuestro de los mismos, además de activar una alerta migratoria para evitar la fuga.

Con respecto a la denunciante Valeria Rodríguez, Quispe informó que se cuenta con un sistema de protección a víctimas y testigos.