El 12 de noviembre de 2019, el general Sergio Orellana Centellas dispuso aviones militares para la llegada a La Paz de asambleístas afines a Jeanine Añez para que participen en la sesión en la que la senadora se autoproclamó presidenta del Senado, y en la Asamblea Legislativa, donde se autonombró presidenta del país.

Según la resolución de acusación del Ministerio Público contra la exmandataria de facto y siete exjefes militares y un exjefe policial, en su página 5 establece que Sergio Carlos Orellana Centellas, jefe del Departamento III de Operaciones dependiente directo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, encargado de operaciones, instrucción, entrenamiento y organización, fue parte del personal operativo que ordenó el transporte de asambleístas nacionales (a La Paz) afines a Jeanine Añez Chávez "para desarrollar la puesta en escena de las conjeturadas sesiones tanto en el Senado como de la Asamblea".

El documento indica que el traslado se hizo en aviones militares de la Fuerza Aérea, "lo que demuestra que existía un plan de concretar los hechos ilegales con la participación de diputados y senadores suplentes, a pesar de que los reglamentos generales de senadores y diputados refieren que las habilitaciones de suplentes las hacen los propios titulares".

"En este sentido, apoyó afanes delictivos y de incumplimiento de la Constitución Política del Estado al favorecer la llegada solamente de algunos parlamentarios a la Asamblea Legislativa y restringir otros", dice la resolución.

"Este ciudadano incumplió el precepto constitucional de garantizar el ejercicio del mandato de un gobierno electo constitucional y democráticamente, afectando a los intereses estatales, dando lugar a una asunción presidencial irregular inconstitucional y contraria al estado de derecho", complementa el documento.

Sin quórum

En esa fecha, la senadora opositora Jeanine Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia aunque no cumplía los requisitos constitucionales, puesto que la Asamblea no logró quórum ante la inasistencia de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), que eran mayoría, por falta de garantías para su seguridad.

La senadora se autoproclamó presidenta con una mínima presencia de diputados (todos de oposición) y violando los artículos 161, 169 y 410 de la Constitución Política.

Los civiles que conformaban la denominada resistencia, con apoyo de policías y militares, cercaron la plaza Murillo e impidieron el paso de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), incluso a algunos los atacaron físicamente e intimidaron para que no participen en las sesiones.

Militares y policías

El 8 de noviembre de 2019, dos días antes de la renuncia de Evo Morales, los policías ya se habían amotinado y, junto con los militares, pidieron la mañana del 10 de noviembre la renuncia del mandatario.

El 11 de noviembre en la noche, Añez, cual si fuera ya la presidenta del Estado, pidió al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, coordinar operativos con la Policía para contener "a las hordas" que aún apoyaban a Morales.

Banda presidencial

Incumpliendo todas las disposiciones constitucionales, los militares fueron quienes le pusieron la banda presidencial a Añez y no hubo un juramento en la Asamblea Legislativa.

VIAJES DE LAS AERONAVES SIN CONTROL

La resolución de acusación añade que el general Jorge Elmer Fernández Toranzo, inspector general parte del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, no controló ni supervisó el uso de las aeronaves para transportar a los asambleístas de oposición.

"(Los militares) tenían el plan de concretar los hechos ilegales con la participación también de diputados y senadores suplentes", indica.


Detalla que el almirante Gonzalo Jarjury Rada avaló la ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a Jeanine Añez, sin competencia para hacerlo y fuera de la Asamblea Legislativa, como establece la Constitución Política del Estado.

El militar huyó de Bolivia sin rendir cuentas a la justicia

Como premio al apoyo al régimen golpista, el general Sergio Orellana fue designado por Añez como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El 21 de mayo de 2020 entregó una carta a la Cámara de Senadores, le dio plazo de una semana para que esa instancia ratifique los ascensos de generales y vicealmirantes dispuestos por el Ejecutivo.
Advirtió que si en una semana el Senado no ratificaba los ascensos, los militares darían curso a la decisión amparándose en su Reglamento.