Los relatores de Naciones Unidas, Marcos Orellana, sobre sustancias tóxicas y Derechos Humanos y José Francisco Cali Tzay, para los Derechos de los Pueblos Indígenas, han hecho llegar una "Carta de Alegaciones" al Estado boliviano sobre la situación de vulneración de derechos humanos por el uso irregular de mercurio en el país.

Esta alegación es una respuesta a la denuncia presentada en agosto por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en coordinación con Reacción Climática.
Los relatores de Naciones Unidas hacen referencia a los estudios que demuestran los niveles elevados de contaminación por mercurio en mujeres indígenas entre 18 y 44 años del grupo ndígena Esse Ejja, asentadas a lo largo de la cuenca del río Beni, en zonas afectadas por la actividad minera aurífera.

Las consecuencias en la salud de las mujeres indígenas son extremadamente graves ya que pueden provocar daños cerebrales, ceguera, entre otras afectaciones al cuerpo. Asimismo, señalan que tienen información sobre las implicancias de la contaminación en mujeres embarazadas, cuyos efectos en el feto pueden provocar discapacidad neurológica, perdida de coeficiente intelectual, daño en los riñones y al sistema cardiovascular.

A los relatores les resulta alarmante que Bolivia no cuente con regulación específica y efectiva para controlar adecuadamente la importación, comercialización y uso de mercurio, además del tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia a otros países.

Al respecto, la carta hace énfasis en la falta de regulación efectiva del mercurio en Bolivia que tiene una relación directa con la extracción del oro, que se ha cuadruplicado en los últimos nueve años en Bolivia, convirtiendo a nuestro país en el segundo importador más grande de mercurio en el mundo.

Por eso ambos relatores expresan su profunda preocupación por el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia, con sus consecuencias graves en el medioambiente, la salud, el efecto desproporcionado sobre el territorio indígena, y la vida y salud de los Pueblos Indígenas.

El Estado boliviano no solo estaría incumpliendo el Convenio de Minamata sobre mercurio, suscrito desde 2013, sino que también habría presentado información contradictoria sobre el aumento de la cantidad de minería aurífera en el país.

Por último, ambos relatores solicitaron información al Estado sobre los hechos relatados en la Carta de Alegaciones y han instado al gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas y comunidades indígenas afectadas, además de investigar, procesar e imponer sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones a derechos humanos.