Consumado el golpe de Estado de 2019 con la autoproclamación de Jeanine Añez como presidenta de Bolivia, el entonces ministro Arturo Murillo invitó a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) a que se convierta en grupo de seguridad del Ministerio de Gobierno.

Durante los 21 días de conflicto social y político en el país (entre octubre y noviembre de 2019), la RJC se convirtió en el brazo operador de los instigadores de la desestabilización del gobierno de Evo Morales y después de la interrupción de la democracia.

En esos días, sus integrantes patrullaron a diario las calles y avenidas de la ciudad de Cochabamba y de algunas provincias, atacando a campesinos, personas humildes, mujeres que vestían pollera, dirigentes y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y cualquier otra persona que pensaba diferente a ellos.

A bordo de motocicletas sembraron terror, generaron violencia con contenido de racismo y discriminación y usaron petardos, dinamitas, bazucas artesanales, piedras y palos para perpetrar los ataques. Durante el régimen de facto, estas actitudes fueron felicitadas y elogiadas por Arturo Murillo y Jeanine Añez.

A finales de 2019, Arturo Murillo, hoy procesado en Estados Unidos y prófugo de la justicia boliviana, felicitó a los miembros de esta organización parapolicial por amedrentar y generar temor y les invitó a presentar sus papeles para convertirse en un grupo regular dependiente del Ministerio de Gobierno.

Creían ser policías

"Esta organización parapolicial cumplía acciones similares a la Policía porque sus miembros patrullaban y revisaban documentos en los puntos de bloqueo. Esta organización tiene cabeza, estructura, grados y utiliza símbolos. En 2019 tuvo financiamiento", detalló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en entrevista con Bolivia TV.

Los financiadores

La autoridad añadió que es necesario investigar los recursos económicos de los miembros de la RJC y de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), otro de los grupos parapoliciales que apoyó a los cívicos cruceños.

"Arturo Murillo, Amparo Carvajal, Luis Fernando Camacho, entre otros, han estado relacionados con estos grupos y los han defendido. Se tiene que investigar a sus financiadores porque sus miembros son personas de 20 a 35 años, entonces las investigaciones tienen que llegar hasta estas personas que les brindan los recursos", remarcó Ríos.

La desarticulación

El Comité contra la Tortura (CAT) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) coincidieron en que es necesaria la desarticulación de estas organizaciones parapoliciales que, en la mayoría de los casos, actuaron con la colaboración de la Policía Boliviana.

"Trabajamos de manera inmediata, tenemos informes, personas identificadas, hay varios detenidos y esperamos que el trabajo investigativo brinde mayores resultados. Cumplimos con las recomendaciones, no es persecución, sino nos circunscribimos a recomendaciones internacionales para que llegue la paz", enfatizó Ríos.

A finales de 2019, la Policía se amotinó en Cochabamba y se puso del lado de la RJC.


CARVAJAL SE OPONE A SU DESARTICULACIÓN
El 2 de septiembre de este año, la activista Amparo Carvajal y Carolina Ribera, hija de Jeanine Añez, se reunieron con miembros de la RJC.

"Jóvenes queridos, para mí son una resistencia necesaria", dijo Carvajal a los integrantes del grupo parapolicial en la casa de Milena Soto, una de las cabecillas que guarda detención domiciliaria.

Para el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, la postura de Carvajal fue cuestionable porque el GIEI recomendó la desarticulación de las organizaciones parapoliciales y paramilitares que generaron violencia, enfrentamientos y acciones delincuenciales en Cochabamba antes y después del golpe de Estado de 2019.