Los policías arremeten contra la gente que rechaza el golpe de Estado.

Durante la sesión 72 del Comité contra la Tortura (CAT), los expertos observaron el "comportamiento partidista" de la Policía Boliviana en la crisis política y social de finales de 2019 e inicios de 2020.

"En el período más convulso (de esta crisis), llama la atención el comportamiento errático y partidista de la Policía que, en muchas ocasiones, ha permitido la acción violenta de grupos opuestos al gobierno de Evo Morales", dijo Claude Heller, relator del Comité de examen de Bolivia en una publicación difundida en el sitio oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza.

"Un análisis de los hechos revela que la institución policial había sido manipulada durante los conflictos políticos", agregó. Además, prosiguió el experto, en el contexto de polarización y enfrentamiento político desde 2019 funcionarios gubernamentales han sido acusados ​​de "sedición" y "terrorismo", presuntamente cometidos antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Estos delitos están definidos en el artículo 135 del Código Penal", señala el periódico El Deber.

Motín de 2019
El 8 de noviembre de 2019, la Policía Boliviana se amotinó y los uniformados dejaron de resguardar las instituciones públicas y a la ciudadanía.

Los efectivos se replegaron a sus cuarteles y demandaron la renuncia de Evo Morales.

Se conoció que las autoridades policiales de entonces llegaron a acuerdos para apoyar a los incitadores del golpe de Estado a cambio de lograr, con el próximo gobierno, la jubilación con el 100%, como sucede con los militares.

Los policías se pusieron del lado de los golpistas, es así que cuando los entonces líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, de Santa Cruz y Potosí, respectivamente, llegaron a La Paz para entregarle a Morales una carta para que renuncie fueron escoltados en todo momento por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Los uniformados incluso levantaron en hombros a los cívicos y les brindaron todo su respaldo.

Las masacres

Heller también se refirió al Decreto Supremo 4078 que firmó Jeanine Añez, una vez autoproclamada como presidenta de Bolivia, y que dejó más de 30 muertos a manos de militares que tenían permitido usar sus armas de fuego.

"En 2019 Añez dictó el Decreto Supremo 4078 que otorgó facultades discrecionales a las fuerzas militares para recurrir a la fuerza contra los manifestantes en sus labores de mantenimiento del orden público, pero eximiendo a los militares de cualquier responsabilidad penal", explicó Heller.

Con esta carta blanca, los uniformados cometieron ejecuciones extrajudiciales.

Enfatizó en que durante la vigencia del decreto se registraron violaciones al derecho a la vida y seguridad de las personas y que la Defensoría del Pueblo reportó al menos 36 muertes en las manifestaciones, la mayoría por parte de las fuerzas del orden principalmente en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

"Fue evidente el uso excesivo de la fuerza y la utilización de letales armas de fuego para dispersar a los manifestantes", refirió.