El Comité pro Santa Cruz publicó un comunicado en sus redes sociales donde se declara en "estado de emergencia" y acusa al Gobierno de buscar la aprehensión d su líder, Rómulo Calvo.

"El Directorio del Comité pro Santa Cruz expresa su total respaldo y apoyo a nuestro presidente Dr. Rómulo Calvo Bravo, y rechaza la persecución y el amedrentamiento político, que con odio y saña lleva adelante el Gobierno del Movimiento al Socialismo, tras el paro multisectorial de 9 días que logró la abrogación de la nefasta Ley del MAS 1386" (sic), es el mensaje que encabeza el comunicado.

El viernes, el vicepresidente segundo del comité cruceño, Stello Cochamanidis, junto al abogado del ente, Jorge Valda, denunció que en la madrugada "hubo un intento" de detención de Calvo "con una orden que viene desde la ciudad de La Paz, que no tiene fecha (de) cuándo se ha iniciado, sin embargo, ya está cargada esta citación en el sistema judicial", dijo.

Horas más tarde, la fiscal de materia, Leticia Muñoz, en una conferencia de prensa, negó que existiera una orden contra el líder cívico, pero informó que será citado próximamente a declarar a La Paz, pues la denuncia en su contra por los delitos de sedición, conspiración y atentados contra la libertad de trabajo fue admitida.

Por los cargos que se le atribuyen, Calvo tiene que declarar en la sede de gobierno, según Muñoz, debido a que el Decreto Supremo 138 de 2009 dicta esta jurisdicción ante los delitos de terrorismo y sedición.

"Los 24 sectores que componen la entidad cívica con sus más de 300 instituciones, nos declaramos en estado de emergencia ante la pretensión del gobierno de aprehender a nuestro líder cívico" (sic), continúa el pronunciamiento del comité.

Anunció además que "acompañarán" a Calvo a dar su declaración informativa el lunes ante la Fiscalía de Santa Cruz, a las 13.30, donde fue citado por la denuncia que interpuso en su contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hernán Hinojosa.

El legislador acusa al cívico de incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público y ejercicio indebido de la profesión, en su condición de médico de la Caja Petrolera de Salud, de donde fue recientemente destituido por ausentarse de su fuente laboral por más de seis días seguidos.