Rómulo Calvo aseguró que sigue como presidente del Comité pro Santa Cruz y aclaró que no dejará que solo Santa Cruz encare una "lucha que le corresponde a todos los bolivianos", en alusión a la suspensión del paro indefinido contra la abrogada Ley 1386 luego que gremiales y el transporte pesado se desmarcaban de la protesta.

"No podemos lanzarnos solo nosotros como Santa Cruz a una lucha que la corresponde a todos los bolivianos, cuando hayan ciertas facciones no es igual la pelea, es con desventaja. No puedo yo agotar solamente a una región que es Santa Cruz", explicó en una entrevista en la red Uno.

Calvo fue cuestionado por suspender, junto a sus aliados, el paro en contra de la Ley 1386 que llevaba nueve días y que sumó otras demandas. Los gremiales y el transporte pesado ya anunciaban desmarcarse del paro, tras hacerse oficial su abrogación. Ante esa situación, los cívicos se reunieron con sus aliados y anunciaron la suspensión de la extrema medida.

Sectores identificados con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operativo de los cívicos, rechazaron la decisión y cercaron las instalaciones del ente cívico. Exigieron la renuncia de Calvo.

"Nosotros seguimos a la cabeza, no ha habido ninguna renuncia", afirmó y reconoció que hubo sectores descontentos con la decisión asumida, aunque reveló que coordina con diversos actores nuevas acciones.

El próximo jueves estará en la reunión convocada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Evitó comentar sobre qué sucederá con las demandas que quedaron pendientes, las llamadas "leyes malditas" y la restitución de los 2/3 en las todas las decisiones que tome el Legislativo.

"Llegado el momento vamos a demostrar el trabajo y vamos a dar a conocer las acciones que vamos a tomar en conjunto con otros actores, posiblemente ya no sean los gremiales y transporte o posiblemente sean los gremiales y transporte y otros sectores que se sumen a esta lucha que es por todos los bolivianos", anunció.

En respuesta al ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que solo tiene 15 procesos legales y no más de 35 como se informó desde el Ejecutivo.