La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación y rechazo por los hechos de violencia ocurridos durante el paro de nueve días activado por el bloque de oposición cívico-político y los gremiales, y llamó al Estado a investigar y sancionar a los responsables, respetando el debido proceso.

"La CIDH reprueba todo acto de violencia en el transcurso de las manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación racial", sostuvo el organismo y llamó al Estado a "investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables intelectuales y materiales de los delitos cometidos en este contexto, observando las reglas del debido proceso".

Durante el paro de nueve días se reportó enfrentamientos y varios incidentes en Santa Cruz y Potosí, principalmente, entre sectores que apoyaban el paro y quienes lo rechazaban. En Potosí murió un campesino en medio de un enfrentamiento con sectores convocados por el Comité Cívico Potosinistas (Comcipo)

El presidente de Comcipo. Juan Carlos Manuel, advirtió el 8 de noviembre que su organización no permitirá el ingreso de campesinos a la capital.

"Estamos reiterando, mañana (por el 10 de noviembre) no los vamos a recibir con las manos vacías; si quieren diente por diente, lo van a tener", arengó el dirigente en una entrevista difundida el martes, horas antes de los incidentes que terminaron con la muerte del joven campesino Basilio Titi, de 22 años.

"La Comisión lamenta la muerte reportada en Potosí y urge al Estado a esclarecer sus circunstancias con la debida diligencia", establece el organismo internacional.

Mientras que el dirigente cívico cruceño Rómulo Calvo, además de invocar a las Fuerzas Armadas y a la Policía, sostuvo que «el único miedo que tenemos que tener es a Dios, no al hombre, no al ignorante, no al provocador, no al dictador".

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca coincidieron el 10 de noviembre en advertir, en una ampliado de campesinos de las 20 provincias de La Paz, que no se permitirá se repita lo ocurrido en 2019, cuando se provocó la renuncia de Evo Morales, y llamaron a los sectores sociales a defender el gobierno ganado en las urnas.

El conflicto fue activado por el bloque de oposición política-cívica en alianza con gremiales y el transporte pesado en contra de la ley de lucha contra las ganancias ilícitas, la que fue abrogada por disposición del presidente Luis Arce. Sin embargo, el bloque de oposición sumó las demandas de abrogar un paquete de leyes a las que calificó de "malditas" y la restitución de los 2/3 en el Legislativo para todas las decisiones.

La CIDH abogó por el diálogo: "Reconociendo las tensiones sociales históricas que se han visto reflejadas en el desarrollo de las recientes manifestaciones, la CIDH destaca la importancia de la construcción de un ambiente que fomente un proceso de diálogo, reconciliación y la desactivación de las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana, y se une al reciente llamado al diálogo de la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

En el marco de las conclusiones del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI)-Bolivia, que investigó la violencia y muertes entre septiembre y diciembre de 2019, recordó que "el liderazgo y la militancia en el ámbito político y todas las personas que asumen cargos políticos deben adoptar discursos y posturas de respeto y aceptación de la diversidad de opiniones".

"Sobre este punto, la Comisión recuerda que las lideresas y los líderes políticos y las personas que ejercen funciones públicas están llamadas a mantener un discurso favorable a la deliberación pública y la libertad de expresión, tal como destaca la Declaración conjunta de relatores de libertad de expresión de 2021", sostiene el documento emitido por la CIDH

"La Comisión reconoce y valora ampliamente el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia con el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. En ese entendido, reitera su disposición de coadyuvar en los esfuerzos para la atención de las causas estructurales de las tensiones sociales, mediante sus distintas herramientas, inclusive la instalación de un mecanismo específico para el seguimiento de las recomendaciones del GIEI y la realización de una visita in loco al país", planteó.

También se pronunció sobre agresiones a los trabajadores de la prensa.

«La Comisión tomó nota de comunicados de la Defensoría denunciando agresiones y obstáculos para el ejercicio de la labor periodística, enfrentamientos entre personas ciudadanas, amenazas a personas con liderazgos sociales o funciones públicas y actos de hostigamiento afectando a la Casa de la Mujer, en Santa Cruz, entre otros».