El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, informó este viernes que esa casa de estudios superiores no participará en las movilizaciones convocadas por algunas alcaldías, universidades y políticos en contra de la Ley 1407, pero condiciona su postura a que la norma no afecte a la autonomía universitaria.

"La UMSA no participará en las movilizaciones (en contra de la Ley 1407). Hemos hecho la conformación de una comisión para analizar la Ley compuesta por la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y la Facultad de Economía, para ver cuál será la participación de la Universidad en torno a la ley (1407), sobre la base del respeto a la autonomía", dijo la autoridad universitaria en una entrevista con La Razón Radio.

Aseguró que la UMSA también conformó dos comisiones para el caso, una, con las tres facultades, para el análisis de los ejes de la ley y sus efectos en la autonomía universitaria, la misma universidad y los valores democráticos, y otra para el análisis global de la norma y las acciones del Estado.

Heredia informó que se ha reunido con algunas autoridades del Gobierno. La ley "tiene que respetar los estatutos de la universidad y los principios autonómicos; ése es el compromiso que he tenido con algunas autoridades, y les he pedido que eso vaya en el reglamento", dijo.

El Gobierno justificó que la norma fue socializada en la Cumbre para la Reactivación Económica que fue desarrollada en los nueve departamentos del país, actividad en la que la UMSA no participó. "No fuimos invitados", lamentó el rector de la UMSA.

En el marco del co-gobierno, que manda al estamento docente coordinar acciones con el estudiantado sin afectar su independencia, no descartó que la Federación Universitaria Local (FUL) se sume a las medidas de protesta en contra de esa ley.

"La Universidad apoya la confrontación de ideas para generar una correlación de fuerzas, la FUL tomará una decisión en torno a esa medida (…). Si hay presión de varios sectores, tiene que actuar en consecuencia", sostuvo.

La Ley 1407, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 es una de las normas cuestionadas en el país, por lo que algunas instituciones como la Universidad Tomás Frías, de Potosí, y la Universidad Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, además de algunas alcaldías, asumieron medidas de presión con marchas en las calles, mientras que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad.