La Defensoría del Pueblo condena las agresiones en contra de los trabajadores de la prensa ocurridas el 17 de noviembre, durante las movilizaciones realizadas en la ciudad de La Paz, y le reitera al Estado su pedido de que adopte medidas efectivas para garantizar la protección del derecho a la libertad de expresión y de información.
Ayer, dos periodistas mujeres denunciaron que fueron agredidas con palos, que sufrieron lesiones y que incluso fueron víctimas del intento de robo de su celular, durante la cobertura periodística de las movilizaciones en favor y en contra de la abrogación de la Ley 1386. Asimismo, en la ciudad de Tarija los trabajadores de la prensa realizaron una marcha para pedir garantías frente a los amedrentamientos sufridos en días pasados.
A esto se suman los actos de vulneración de los derechos humanos de los trabajadores de la prensa, ocurridos la semana pasada en las ciudades de Santa Cruz, Oruro y Potosí.
También se ha visto la falta de protección y garantía al derecho a la libertad de expresión y de información por parte del Estado, como en Potosí, donde la Fiscalía restringió el acceso a la información con relación al caso "Basilio Tipi Tipolo", y se ha observado la falta de diligencia en la investigación del caso "Las Londras", que hasta la fecha no tiene avances para hallar a los responsables.
La Defensoría del Pueblo recuerda que la libertad de expresión es un derecho no sólo con base constitucional, sino también que se encuentra previsto en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Bolivia y en los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-5/85, ha señalado: "La Libertad de Expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública [...]. Es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre."