El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó este viernes que el exministro de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, no podrá argumentar inocencia por el presunto delito de soborno y lavado de dinero en Estado Unidos (EEUU). Además, confirmó que su audiencia será el 8 de diciembre en el país norteamericano.

"Estamos esperando que el 8 de diciembre se realice la audiencia de Arturo Murillo, que es el único que falta para determinar si se declara o no culpable en Estados Unidos (…). Las posibilidades penales son muy reducidas, de que él, en juicio, pueda demostrar su inocencia, dado que los cuatro otros coparticipes del delito, ya han confesado el delito, se declararon culpables y están esperando su sentencia", indicó Chávez en conferencia de prensa.

Indicó que el 13 de diciembre se tiene programada la lectura de sentencia de los cómplices de Murillo, identificados como Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes se declararon culpables.

"Es difícil que él (Murillo) pueda alegar algún tipo de inocencia o no participación, porque todos lo han incriminado como principal cabecilla de esta organización criminal en los Estados Unidos", explicó.

Acotó que la audiencia del 8 de diciembre será decisiva, ya que en ésta Murillo y su defensa escogerán el camino a seguir, es decir, si se declara culpable o no.

Arturo Murillo Prijic fue el exministro de Gobierno y hombre fuerte de Jeanine Áñez. Desde mayo de este año está detenido en la prisión federal de Miami acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y recibir sobornos.

Durante el gobierno de Áñez, gestionó la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un presunto sobreprecio de $us 2,3 millones.

El 9 de agosto, la justicia de EEUU determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión para defenderse en libertad; sin embargo, debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza, por lo que el exministro continúa en prisión.