Comunidad Ciudadana plantea tres 'pasos urgentes' para pacificar el país
La abrogación inmediata de la Ley 1386, el retiro de los "grupos de choque" y la restitución de los 2/3 en la Asamblea Legislativa son las propuestas de CC.
La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) propuso este miércoles tres "pasos urgentes" para conseguir la pacificación del país, que nuevamente está en medio de algunas violentas medidas de presión que incluso derivaron en la muerte de un campesino en Potosí.
"La primera condición para encontrar la paz en el país es la inmediata abrogación de la Ley 1386 y hoy he presentado el pedido de reposición para el tratamiento de una ley abrogatoria de esta Ley 1386. Entonces el primer paso para la paz es la inmediata abrogación de esta ley maldita", dijo Carlos Alarcón, jefe de bancada de CC en Diputados.
El legislador agregó que "el segundo paso inmediato que tiene que dar el Gobierno es el retiro y la desmovilización de los grupos de choque que atentan contra los ciudadanos que están ejerciendo su legítimo derecho constitucional a la protesta en contra de leyes que afectan los derechos colectivos".
"El tercer punto central para la paz es la inmediata restitución, que tiene que hacer esta Asamblea Legislativa Plurinacional, de los 2/3 (de votos) suprimidos de los reglamentos de debate para que el parlamento se vuelva una verdadera casa de la democracia", sostuvo.
Alarcón hizo esas declaraciones en una conferencia de prensa junto con algunos legisladores de Creemos, con quienes CC elaboró, además, un comunicado conjunto sobre el pedido de la restitución de los 2/3.
Estos pedidos surgen mientras en algunas regiones del país se cumple el tercer día del paro indefinido convocado por un sector de los gremiales, al que luego se sumaron cívicos y algunos grupos de los transportistas.
El paro, inicialmente, fue convocado en demanda de la anulación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, pero ahora se pide la eliminación de varias otras normativas más, que los manifestantes llaman un "paquete de leyes malditas".