El presidente Piñera militariza cuatro provincias del sur por los brotes de violencia, robos e incendios, mientras su homólogo Alberto Fernández mira hacia otro lado

La nación mapuche, al frente de la Asamblea que escribirá una nueva Constitución para Chile

Los disturbios y la violencia frenan el inicio de la Asamblea Constituyente en Chile

Chile está acostumbrado, pero ahora se suma Argentina para que el "problema mapuche" vuelva a ser noticia a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Y ni Buenos Aires ni Santiago le encuentran solución.

Los enfoques son radicalmente diferentes según se trate de La Moneda o de la Casa Rosada. Si el Gobierno de Sebastián Piñera decidió militarizar cuatro provincias del surante los brotes de violencia, robos e incendios, el de Alberto Fernández prefiere estar lo más lejos posible del asunto. Le dice a las provincias patagónicas que son ellas las que deben hacerse cargo del tema, aunque la violencia sea cada vez mayor y las fuerzas provinciales estén claramente desbordadas.

Lo que para el poder central en Argentina es una leve molestia que llega de tanto en tanto y a la que históricamente no se le prestó atención, en Chile es una cuestión de Estado. Los pueblos originarios son un 12,8% de la población, y el 80% de ellos son mapuches. En Chile hay 1,8 millones sobre 19 millones de habitantes, mientras que en Argentina son apenas 200.000 dentro de 45 millones. Y un dato más: Elisa Loncon, líder mapuche, preside la Convención que está redactando una nueva Constitución en Chile. Algo impensable en Argentina.

Los titulares de los medios a ambos lados de la Cordillera son fuertes, y el debate, cada vez más difícil en medio del ruido. Daniel Helft es un periodista argentino que junto a su colega Encarnación Ezcurra recorrió recientemente la Patagonia argentina para entender qué está pasando allí con los mapuches. Y su conclusión es desoladora.

"Lo que falla en Argentina es el Estado, no sirve para nada pese a todos los impuestos que cobra. Debe mediar entre las partes, y no lo hace", dice Helft a EL MUNDO. "Hay una ley de 2006 que ordenó un relevamiento territorial y de comunidades que nunca se puso en práctica. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) lleva 15 años sin cumplir con lo que la ley le indica".

Mientras el Estado argentino falla, un vistazo a la situación permite entender que no tendría por qué ser así. La gran mayoría de los mapuches son pacíficos. Y pobres. Entre 200.000 mapuches solo se contabilizan unas pocas decenas enfrascados en hechos de violencia. Los que residen en Lago Correntoso, por ejemplo, no quieren saber nada con los de Villa Mascardi. Ellos no apuestan a la violencia, sino al diálogo.

SIN PALABRAS

Jóvenes y radicales, los mapuches de Villa Mascardi prefieren en cambio no hablar. Ellos actúan. Y el que sufre es el ciudadano de a pie, aquel que invirtió su dinero en un desarrollo turístico y ve cómo se lo queman. Es lo que sucede en la provincia de Río Negro, sede del centro de esquí más famoso del país, el de Bariloche.

"El problema actual es con grupos muy minoritarios, del Alto Bariloche (el poblado de chabolas local). La adicción a las drogas hizo estragos allí en adolescentes que conectaron con sus antecedentes mapuches y convirtieron el tema en extremo", explica un observador que prefiere no ser identificado.

Juan Grabois, la cara visible de un vasto movimiento de ayuda a la pobreza, dijo a EL MUNDO que el problema mapuche se exagera. "El pueblo mapuche tiene unas 400 comunidades, ninguna de las cuales tiene posiciones violentas El conflicto es con un grupo reducido de jóvenes pobres y marginados de las zonas urbanas del Alto de Bariloche. La violencia totalmente exagerada favorece a ciertos intereses empresariales e inmobiliarios que buscan justificar el avance sobre territorios reconocidos como propiedad indígena por las leyes".

La situación es algo diferente en la vecina Neuquén, provincia gasífera y petrolera, donde hay dinero bajo la mesa para garantizar la calma. Un pozo petrolero de YPF produce 50.000 dólares por día. Permitir un bloqueo no es una opción: un sofisticado sistema de incentivos y dinero en negro tiene a los mapuches bajo control. "Antes que permitirse un bloqueo prefieren regalarles una camioneta", cuenta a EL MUNDO una fuente conocedora de la situación.

¿Y con los incendios y saqueos en Río Negro? "No es función del Gobierno nacional brindar más seguridad en la región", leyó Arabela Carreras, la gobernadora de la provincia, en una insólita carta que le envió a Alberto Fernández días atrás.

Entretanto, un reconocido programa de televisión se promocionó en Argentina el último fin de semana con lenguaje incendiario: "Indios al ataque. Son los nuevos terroristas. Incendian poblaciones enteras. Reclaman la mitad de la Argentina".

En Chile, la situación es ciertamente compleja. Rodrigo Delgado, ministro del Interior, dijo semanas atrás a CNN Chile que el narcotráfico aprovecha las reivindicaciones de la causa mapuche para extender, tras esa máscara, el negocio. Pero la causa mapuche tiene fuerza y recorrido, todo indica que la Constitución nueva que salga del trabajo de los asambleístas declarará a Chile un "Estado plurinacional".

Así, los mapuches que niegan a Argentina y Chile como entes estatales a los que pertenecen verán reivindicada una de sus principales posiciones: son la nación mapuche, ellos estaban allí siglos antes de que se constituyeran los dos Estados al este y el oeste de la Cordillera de los Andes. Es por eso que posesiones como las 900.000 hectáreas (132 veces la superficie de Manhattan) del empresario italiano Carlo Benetton contribuyen a sostener las protestas de gente que siente que le están quitando la que era su tierra frente a otra que reivindica la propiedad privada. Todo indica que el fuego no se apagará en el sur del sur.