Bajo las consignas "Niñas, no madres" y "Salven las dos vidas" se ha generado en los medios de comunicación, redes sociales y en las calles de Bolivia un debate por la situación de la niña de 11 años, violada por su abuelastro. Por un lado, están quienes defienden los derechos de la menor para que pueda interrumpir su embarazo amparada en la ley, y por el otro, quienes defienden el derecho a la vida del feto.

La menor acudió con su madre al hospital Percy Boland de Santa Cruz, donde se programó la intervención que iba a llevarse a cabo con medicamentos, porque había manifestado su deseo de "no querer ser madre"; pero la situación cambió a las pocas horas, tras la "visita" de personeros de la Iglesia Católica.

Escudada por su progenitora, la menor manifestó a través de un manuscrito que ya no quiere someterse al procedimiento y fue trasladada a una casa de acogida de la iglesia para madres adolescentes donde, según el compromiso de los prelados, será asistida por un médico, recibirá ayuda psicológica y será apoyada para proseguir sus estudios. Además, la madre recibirá un apoyo económico, hasta el alumbramiento de la nueva vida, que será puesta en adopción, aunque en las últimas horas, manifestó la probabilidad de criar a su "cuñado-nieto".

"La niña en su primera entrevista psicológica «durante los preparativos al aborto» ni siquiera sabía lo que significaba estar embarazada. Ni siquiera podía pronunciar la palabra 'bebé'. Lo único que decía es que quiere seguir estudiando, que quiere que todo esto pase, que le saquen lo que lleva dentro", declaró Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer, citada por la agencia internacional de noticias AFP.

La polémica por el aborto

Después de conocerse el cambio de planes, tanto de la madre como de la niña embarazada, en los medios de comunicación y en las redes sociales se instaló un acalorado debate con argumentos a favor y en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), además de las protestas feministas en las calles, de las principales capitales del país, cuestionando un supuesto rol de la Iglesia en la "normalización de la violación" a los niños.

El debate también se extendió en las esferas políticas, autoridades de gobierno y asambleístas del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) que cuestionaron la "comedida" intervención de la iglesia, que vulnera los derechos de la niña, al igual que los partidos opositores, aunque la instancia amparada por ley para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes (Ministerio de Justicia) se mantuvo al margen del debate y obvió las acciones que le competían.

Por su parte, Defensoría del Pueblo interpuso tres demandas penales, contra la progenitora, personeros de la Iglesia, personal del Hospital Percy Boland y funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Yapacaní, por el presunto delito de abandono a menores en situación de indefensión, trata de personas con fines de maternidad, incumplimiento de deberes y desobediencia a resoluciones, respectivamente.

Además, la defensora Nadia Cruz considera que la niña no debería estar en "custodia" de la Iglesia ni de su madre, quien, en su criterio, no estuvo en su momento para protegerla.

Por su lado, la Iglesia defendió su posición antiaborto, mediante un comunicado del Arzobispado de Santa Cruz destacando que, "la persona humana dentro del vientre materno no es el culpable del abuso a su madre. Un crimen no se soluciona con otro crimen, el aborto no remedia la violación".

Pero la controversia se extendió más allá de nuestras fronteras, incluso organismos internacionales se pronunciaron por la vulneración a los derechos humanos de la menor, al considerar que obligarla a dar a luz, es un acto de "tortura".

La oficina de Naciones Unidas en Bolivia instó a aplicar el "marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas", al argumentar que el embarazo de una niña "no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional".

Mediante un comunicado la ONU afirmó que someter a una niña a un embarazo forzado "está calificado como tortura", por lo que instó a las autoridades bolivianas a "intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual por motivos de género".

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un comunicado en el que exhorta al Estado Boliviano proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado.

Por su lado, las agrupaciones feministas, que marcharon en Santa Cruz y La Paz cuestionaron que se esté "presionando" a la menor para que continúe con el embarazo "en contravención a todas las leyes establecidas", según declaró a Efe la activista Carmen Sanabria.

"Aquí lo que se está haciendo es darle legitimidad a un acto de violación y premiar a ese violador. Están convirtiendo en padre a un violador y están convirtiendo a una niña en una máquina paridora", cuestionó.

En contrapartida la activista Ana Rodríguez se pronunció por la defensa de las dos vidas, "estamos aquí para decirle a la Defensoría de la Niñez que cuide la vida de los dos niños porque el que está dentro también es un boliviano o boliviana que tiene los mismos derechos que tiene la niña de 11 años".

En las redes sociales se generan todo tipo de comentarios y etiquetas (hashtag), Según un estudio de Bolivia Verifica, la red de Facebook acoge principalmente a los Próvida, mientras que en Twitter se apoya más la interrupción del embarazo, con miles de mensajes al día.

Aborto impune

El aborto en Bolivia está considerado como un delito penalizado por el Código Penal, vigente desde 1972, que en su artículo 263 sostiene "el que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura, será sancionado con privación de libertad de dos a seis años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de 16 años".

A su vez, establece una pena de uno a tres años de cárcel para la mujer embarazada, y de uno a seis años para la persona que realiza el aborto. Si una mujer realiza el procedimiento por sí misma, solo puede acusársela de consentir al aborto.
Sin embargo, la norma precisa que "cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación (...) no se aplicará sanción alguna". "Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre".
Una Sentencia Constitucional Plurinacional (206/2014) ratifica que no existe una penalización absoluta del aborto en Bolivia y elimina las barreras legales para acceder a un aborto legal y seguro. "El Tribunal Constitucional ha establecido que las víctimas de violación no requerirán autorización judicial, ni iniciar un proceso penal para conseguir un aborto legal. En el caso de las mujeres cuya vida o salud corra riesgo como consecuencia del embarazo, solo será necesario el informe médico. En ambos casos también es importante el consentimiento de la mujer", establece la norma.
Familia de la niña revive la tragedia
No es la primera vez que la familia de la niña atraviesa por problemas de violencia sexual. Su padre biológico se encuentra recluido en Palmasola por el delito de violación agravada cometido en contra de su hermana mayor, quien ahora tiene 15 años.

Según la investigación realizada por el portal de noticias
"Ugente.bo" , en 2016, la pareja, que procreó tres hijas, se separó y la madre, junto a sus dos hijas menores, se fue a Yapacaní en búsqueda de nuevas oportunidades, dejando a su hija mayor bajo custodia de su padre, pero se conoció, un año después, que estaba siendo agredida sexualmente por su progenitor. El acusado fue encarcelado y cumple su condena en la cárcel de máxima seguridad de Santa Cruz.

El 2018, la madre de las niñas inició otra relación y trajo al mundo a otra niña, que actualmente tiene dos años, pero debido a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, en febrero del 2021 tuvo que migrar a La Paz, junto a su esposo y la niña de dos años, para trabajar como cocinera y su marido de albañil, dejando al padre de su pareja, un adulto mayor de 61 años, a cargo de sus hijas.

Sin embargo, la tragedia de las niñas se reavivó, cuando el agresor aprovechó la ausencia de los padres para agredir a la hermanita menor. Se conoció que ella se encerraba en su habitación para evitar encontrarse con el adulto mayor, pero la niña calló su tragedia por temor a que se separen su madre y su padrastro al encarcelar al abuelastro violador y su hermanita menor creciera sin papá y la culparan por esa situación, según el informe psicológico que dio a conocer "Red Uno".

El violador de la menor, se encuentra actualmente detenido en una cárcel policial a la espera de un juicio y se estima que podría enfrentar una sentencia de 30 años de cárcel, por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante.