El gobierno de Ecuador acusó el sábado al correísmo de impulsar un «golpe de Estado», luego de que una comisión del opositor Congreso sugiriera la destitución del presidente Guillermo Lasso, al considerar que incumplió la ley para ser candidato por tener inversiones en paraísos fiscales, hecho señalado en los «Pandora Papers».

«El gobierno nacional reconoce que es la posición sectaria del grupo de asambleístas de UNES (Unión por la Esperanza), empeñados en debilitar la democracia ecuatoriana e impulsar un golpe de Estado», señaló el ministerio de Gobierno (Interior) en un comunicado.

El partido Unión por la Esperanza (UNES) es, sin ser mayoría, la principal fuerza del congreso con 48 de los 137 escaños.

Su máximo líder, el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), que vive en Bélgica, es considerado un prófugo de la justicia de Ecuador, donde fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho.

«Quien impulsa esa desestabilización» es «quien fue condenado por cohecho», «quien fugó del país para escapar de la cárcel», indicó el comunicado, sin mencionar directamente a Correa.

El ministerio agregó que «el gobierno hará uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar la aventura golpista del correísmo».

Algunos datos
La comisión de Garantías Constitucionales, con el voto de la mayoría de sus integrantes entre ellos de UNES, aprobó la víspera un informe no vinculante en el que recomendó a la unicameral Asamblea Nacional que «verifique la inobservancia» por parte de Lasso de las normas que prohíben a candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales.

Ante ese incumplimiento, el Congreso debería aplicar un artículo constitucional que le faculta a destituirlo «por grave crisis política y conmoción interna», según opinión de la comisión.

El Ejecutivo señaló el viernes que la comisión «ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica».

El ministerio de Gobierno estimó el sábado que en la resolución de la comisión «se podría advertir sin equívocos el afán político de desestabilizar la institucionalidad democrática».

Además criticó a la comisión al considerar que demostró «incapacidad operativa, técnica y ética» para analizar los «Pandora Papers».

Según esa investigación periodística, el mandatario, un exbanquero de derecha en el poder desde mayo, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que Correa -principal opositor de Lasso- aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

Lasso se ha defendido argumentando que tuvo «inversiones legítimas en otros países», pero que se deshizo de ellas para ser candidato.