A las 10.44 del 8 de noviembre de 2020, Luis Arce Catacora asumía como presidente del Estado. Un año después, llegó la hora de la evaluación. Analistas destacan su gestión de la pandemia y la economía, pero advierten que una deuda es la reforma de la Justicia.

Cuando fue ungido en el cargo por el vicepresidente David Choquehuanca, el economista de 58 años de edad se planteó un abanico de desafíos en su discurso de posesión de casi media hora: la unidad y pacificación del país, la recuperación de la estabilidad, y no se guardó alusiones duras contra la administración transitoria de Jeanine Áñez.

Sin embargo, apuntó sus esfuerzos a revertir las "tres crisis" que asfixiaban a la sociedad boliviana. La política, generada "por un gobierno que no salió de las urnas", en referencia a Áñez; la sanitaria, ocasionada por el COVID-19; y la económica, ahondada por el coronavirus y las criticadas medidas de confinamiento de la exmandataria.

Y contraía una misión clave: sancionar las violaciones a los derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, con las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) como ejemplos de la violencia, y bajo la consigna del Movimiento Al Socialismo (MAS) de que ello fue obra del "golpe de Estado" que derrocó a Evo Morales.

El 55,11% de los votos en las elecciones del 18 de octubre de 2020 le daban al exministro de Economía una legitimidad y un apoyo importantes para asumir y cumplir con estos retos. Aparte de marcar un antes y un después con el jefe de su partido, el expresidente Morales, quien dirigió a Bolivia por casi 14 años, entre 2006 y 2019.

Para el investigador social Armando Ortuño, parece que Arce desea consolidar una imagen basada en dos pilares: como un gobierno que está recuperando el cauce constitucional democrático tras una ruptura irregular, y como el responsable de una salida de la crisis socioeconómica que se produjo por esta ruptura y la pandemia.

Un perfil tecnócrata

Un "tecnócrata especializado que sabe muy bien de su área de trabajo y cuyas decisiones son guiadas por la evidencia empírica", así dibuja el perfil del Presidente la economista y cientista social Lourdes Montero. "Es cauteloso en sus decisiones, en sus discursos y, en general, tiene un perfil bajo en el espacio público".

En su criterio, el gabinete que lo acompaña "parece ser disparejo respecto a sus capacidades". Eso sí, Montero remarca que si bien Arce es "muy especializado y capaz en el campo económico", es "mucho menos eficaz en otras áreas de la gestión pública, en especial el de la gestión política", donde se muestran sus principales debilidades.

El politólogo Marcelo Arequipa nota un cambio en el Arce de noviembre de 2020 y el de noviembre de 2021. "Comenzó su gestión con un perfil predominantemente más técnico, tecnocrático, con un perfil de un mandatario que quería hacer gestión pública". Pero desde el segundo semestre de mandato, se volcó a lo político.

"Intenta abandonar el anterior perfil y tener más bien uno más político. Creo que eso se traduce en esa suerte de tensión política que vivimos actualmente entre los temas de golpe (de Estado) o fraude (en las elecciones de octubre de 2019) en el país. Para mí esa es la trayectoria del Presidente en lo que se refiere a su liderazgo".

A la hora de enumerar los logros de Arce en este primer año de gobierno, los analistas consultados coinciden en dos aspectos: la lucha contra la pandemia y la estabilización de la economía, con números que dan esperanzas para una reactivación que deje atrás ese -12,88% de junio de 2020: a junio de este año el crecimiento llegó a 9,4%.

"El principal logro de este año es el avance de la vacunación contra el COVID-19 y sus implicancias en la reactivación económica. Una decisión acertada ha sido no considerar nuevas cuarentenas duras y poner mucho empeño en reactivar el mercado interno con su consecuente incremento en el empleo, sobre todo en servicios y comercio", resume Montero.

Coincide con esta opinión Arequipa. "Identifico como un logro muy importante la administración de la pandemia del coronavirus a través de las vacunas, fue el logro más notable en esta gestión. E intentar estabilizar, no hacer crecer, la economía. Si bien es cierto que hay tareas más grandes sobre esto, esas dos son las más importantes".

Refuerza estas ideas Ortuño, subrayando que "ha mejorado la dotación de insumos clave para enfrentar la pandemia, como las pruebas para detectar el COVID-19 y, sobre todo, se ha viabilizado un proceso de vacunación masiva", en un contexto de gran carestía global de esos medicamentos.

"En segundo lugar, Arce ha logrado estabilizar la situación económica, después de un periodo de gran contracción y reducción de ingresos, incentivando un relanzamiento de la actividad económica y evitando posibles nuevas turbulencias financieras o cambiarias. En pocas palabras, sus logros se llaman vacunas y retorno a una estabilidad económica básica".

Cuentas pendientes

Pero en este camino de un año transitado por Arce y sus colaboradores, también hay puntos débiles, cuentas pendientes, pasos en falso. Arequipa señala que éstos tienen que ver con una agenda social de puntos que realmente preocupan a los bolivianos.

"Ahí está el tema de la Justicia, no solo para el relacionamiento con los políticos, sino para darle certeza y confianza a la población en general. Es muy relevante el hecho de que el Presidente no haya acompañado la iniciativa del Ministro de Justicia para una reforma profunda de la Justicia, inclusive en términos constitucionales".

Añade que esto también "debilitó la causa política que el oficialismo ha intentado sostener sobre el tema del golpe de Estado". Por ello, identifica a ello como una "debilidad" del Gobierno, ya que con una reforma constitucional de la Justicia "quizá no hubieran habido problemas para enjuiciar a Áñez y los involucrados en los casos judiciales en términos políticos, y se hubiera dado una certeza importante sobre que al menos las instituciones del sistema judicial están comenzando a marchar bien".

La confrontación política tiene precisamente a las proposiciones acusatorias contra Áñez para juicios de responsabilidades, o los procesos abiertos a la exmandataria en la vía ordinaria, como una de sus razones. Y los partidos políticos de oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, han puesto como condición una reforma judicial antes de debatir este asunto.

"El mayor déficit del gobierno de Arce tiene que ver con el mantenimiento de una elevada crispación y polarización política, y con el escaso avance de las reformas en la Justicia que son urgentes", dice Ortuño.

A su juicio, era necesario e inevitable encarar un proceso de investigación y de justicia con relación a la violencia de 2019 y 2020, pero se lo pudo impulsar con más consenso social, explicación pública y alentando, a la par, un diálogo y la reducción de la confrontación política. "Esas turbulencias políticas y mediáticas están generando incertidumbres que no son beneficiosas para el país y que incluso opacan los buenos resultados del trabajo gubernamental en el ámbito socioeconómico".

Mientras que para Montero, hay dos áreas en las cuales Arce puede tener mejoras: su gestión política en general y en particular, su capacidad de diálogo con diversos sectores y regiones; y su gestión comunicacional.

"Considero que muchos de los conflictos y retrocesos de sus iniciativas podrían haber sido evitadas con una capacidad comunicacional mucho mejor pensada y más eficiente. Una cuenta pendiente concreta de este año es la discusión y aprobación de las modificaciones de la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia".

¿Y qué se proyecta en lo mediato? Ortuño se anima a pronosticar que "el Gobierno sigue teniendo una agenda compleja de consolidación de la recuperación socioeconómica del país y de colocar los fundamentos sólidos para un nuevo ciclo de crecimiento de mediano plazo basado en innovaciones en la industria energética, el litio y una mejora de la productividad".