La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón Merubia, informó este jueves que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público para que investigue el desmantelamiento y los daños ocasionados a los equipos de los medios de comunicación del Estado y la asignación irregular de ítems durante el régimen de facto, cuyos daños ascienden a Bs 8,9 millones. "Lo que corresponde es formalizar la denuncia (ante la Fiscalía) porque existe una afectación al Estado por el uso de las instalaciones de Bolivia Tv en Cochabamba donde hemos encontrado escudos y letreros de la Resistencia Juvenil Cochala", indicó la autoridad. Manifestó que el Ministerio Público debe identificar a los responsables de ocasionar daños a los equipos e instalaciones y sancionar a quienes fungían como responsables de custodiar los bienes del Estado, tal como mandan las normas internas. Alcón especificó que la acción vandálica ocasionó que, por ejemplo, el canal del Estado y radio Patria Nueva interrumpan sus emisiones durante varios días, lo que representó un daño económico porque se incumplieron con los contratos comerciales y otros. Asimismo, se privó a los oyentes a recibir una información adecuada de parte de los medios del Estado que en ese entonces estaba conformado por radio Patria Nueva, Bolivia Tv y Sistema Nacional de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), cuyos equipos fueron desmantelados e instalaciones sufrieron daños. "Se afectó el derecho a la información, nos han dejado sin medios de comunicación del Estado. En el caso de las Radios de los Pueblos Originarios que llegan a las zonas más alejadas en nuestras comunidades se han bajado en un 80%, han desmantelado, se han quemado, no habido un adecuado mantenimiento de equipos", aseveró. El manejo irregular de medios estatales durante el régimen de facto afectó el derecho a la información de 5.762.616 personas durante la pandemia del COVID-19 y un daño económico al Estado de Bs 8.965.988, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.