La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, confirmó este miércoles que impulsará acciones legales por el desistimiento en el proceso de interrupción del embarazo de una niña de 11 años, que fue violada por el padre de su padrastro en el municipio de Yapacaní, departamento de Santa Cruz.

Cuando se había definido la interrupción del embarazo de la niña violada, la Arquidiócesis de Santa Cruz, mediante un comunicado, aseguró que "un crimen no se soluciona con otro crimen"; además, ofreció "acogida y atención a la niña y a la criatura que tiene en su vientre" dando hospitalidad gratuita en su centro de madres adolescentes.

Después se conoció que, incluso, personal eclesiástico visitó el hospital de Santa Cruz donde estaba internada la menor para la interrupción de su embarazo y de donde fue dada de alta en pasadas horas para luego ser trasladada al centro ofrecido por la Iglesia.

Por ello, la Defensoría del Pueblo –según confirmó Cruz– decidió "activar la justicia ordinaria" porque "hubo un incumplimiento de deberes" por parte de varios servidores públicos que dejaron que la Iglesia intervenga en el caso siendo que la menor estaba internada en un hospital.

Del mismo modo no se cumplió un fallo constitucional (que permite la interrupción del embarazo en este tipo de casos), por lo que "yo le diría (que) hubo una captación (de la menor por parte) de la Iglesia desde un centro de salud (y ahora) tendrán que explicar ante la justicia: qué hace una iglesia en un centro de salud hablando con una menor que ha sido violada", cuestionó.

En una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón, la Defensora añadió que, asimismo, hubo "todo un proceso legal y formal" para llevar a la menor al centro de acogida de la Iglesia.

"También hemos escuchado versiones, por parte de servidores públicos en Santa Cruz, que han señalado que hay denuncias sobre remuneraciones económicas; (por tanto, en) todo esto parecería que hay una cadena delincuencial para generar embarazos forzados (en el) que aparentemente están miembros de la Iglesia", remarcó Cruz.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), a través de su asesora legal Susana Inch, apeló a su "obligación ética y legal" para justificar la postura que asumió la Iglesia con el fin de proteger la vida de la niña embarazada y de su bebé en proceso de gestación.

"En la práctica hemos forzado tanto las cosas que hemos llegado a creer que efectivamente una solución a un hecho como éste podría ser el acabar con la vida del bebé, pero por el otro lado, tenemos la obligación ética y legal de proteger también esa vida del bebé, (es decir) las dos vidas deben ser protegidas", dijo Inch en una entrevista con La Razón Radio.

La jurista anunció que la Iglesia Católica responderá "a cualquier acción de Nadia Cruz u otro funcionario" que quiera plantear un proceso, porque la institución que representa está convencida "de que se está actuando, no solo en el marco de la conciencia, sino en el marco de la legalidad".