"La Sentencia Constitucional 206/2014 es de estricto cumplimiento para médicos, policías, fiscales, trabajadores sociales, psicólogos o cualquier otra autoridad competente en este tema", explicó la autoridad policial a los periodistas, según un reporte del portal "Bolivia al día".
Según Velasco el no acatar la orden puede derivar en un proceso penal contra los encargados de cumplirla y que por alguna razón no la cumplan.
"Si un funcionario público y privado y un profesional médico no cumple la sentencia se podrá efectuar una denuncia ante el Tribunal Constitucional y remitir los antecedentes al Ministerio Público", acotó.
Al tratarse de un instrumento jurídico debe ser aplicado y según la autoridad policial está sobre toda opinión o intención que se haya expresado en el caso.
La sentencia establece que la mujer podrá acceder a un aborto legal y seguro en casos que el embarazo sea producto de violación, incesto (cuando es provocado por un familiar cercano) estupro cuando la víctima es una menor de edad o cuando la vida de la mujer corre peligro.
En este caso, por tratarse de una niña de 11 años con cinco meses de gestación víctima de reiteradas vejaciones por un adulto de 61 años que ya se encuentra detenido preventivamente en una cárcel pública, la sentencia se aplica.