No es posible hablar de la independencia de los jueces, como eje de una reforma judicial, y al mismo tiempo ordenar a la viceministra de transparencia y a un fiscal que procedan al encarcelamiento de una jueza por dictar fallos que no le agradan al poder.

No sabemos si la jueza Melisa Lima falló en contra de la ley para cometer prevaricato, o no atendió las llamadas y urgencias del Gobierno para no prevaricar, pero lo evidente es que la forma más grosera de intentar el sometimiento de los jueces es la represión abierta. Ya las asociaciones de jueces han repudiado la medida, pero el reclamo debería ser integral develando la acción cotidiana que ejerce el Gobierno para controlar a los operadores de justicia.

Vuelvo a recordar lo que escribió García Linera el año 2011: "El sistema judicial (…) no es una institución celestial, sino es parte del Estado (…), la llamada independencia de poderes, en este caso del poder judicial, es una ilusión liberal (…) en esta etapa lo que predomina es la lógica de que el Estado, como síntesis del interés común, no puede ni debe perder ante nadie".

Hace una década que está visión fue explicitada, y su implementación ha agravado en extremo las taras centenarias de nuestra administración de justicia, especialmente la carencia de independencia e idoneidad de los jueces que, de operadores de justicia, han sido convertidos en agentes gubernamentales para garantizar que el Estado nunca pierda. Por eso no interesan para nada jueces independientes e imparciales —que serían "celestiales"— sino militantes obsecuentes del Gobierno, que se someten o van a presos.

Y los atropellos masistas a los jueces también fue práctica de ministros del anterior Gobierno, el transitorio, que, en mayo de 2020, ordenaron el apresamiento del juez Hugo Huacani solo por el hecho de haberle concedido detención domiciliaria a una allegada de los anteriores gobernantes.

Difícil saber si la jueza Lima pretendió ser angelical, pero, además de repudiar el atropello de su encarcelamiento, no podemos sino dar cuenta del cinismo del Gobierno cuyo ministro de Justicia, hace solo 55 días, ha planteado una supuesta reforma judicial con un tercer pilar que él rótula nada menos como "independencia judicial".

Por ello, el recién pasado mes de septiembre, un grupo de juristas independientes declaramos que ya no debemos esperar nada del Gobierno, y que la urgente reforma de la justicia hay que promoverla desde la sociedad, a través de un referendo ciudadano capaz de modificar la Constitución Política en temas centrales como los que hacen a la independencia y la idoneidad de los jueces. Y debemos empezar por la cabeza, por los integrantes de los tribunales Supremo, Agroambiental, Constitucional, y del Consejo de la Magistratura que solo serán independientes si su selección y designación comienza y termina exclusivamente en la calificación de su idoneidad personal y profesional, su experiencia y desempeño profesional y su producción intelectual.

Por ello, estamos planteando que la selección de postulantes la realice una comisión nacional de postulaciones integrada por seis personalidades independientes designadas por la mayoría y minoría parlamentarias, por el sistema universitario, por los colegios de abogados y por el sistema jurídico indígena originario. Esa selección, en base solo a méritos, deberá traducirse en ternas cerradas, con los puntajes más altos, sobre los que recaiga la designación parlamentaria por 2/3 del total de la Asamblea, designación que solo será válida si es aprobada por un subsiguiente e inmediato referendo ciudadano.

Y a partir de esa selección y designación de los jueces supremos, se renovará toda la estructura judicial, en base a una carrera judicial administrada por un Consejo de la Magistratura y un Tribunal Supremo independientes.

No tenemos ilusiones liberales, ni pretendemos explorar el cielo para encontrar buenos abogados y abogadas, pero estamos seguros que de los casi 80.000 profesionales del derecho que existen en el país, decenas de ellos, con gran calificación personal y profesional, acudirán a las convocatorias si se les garantiza que, desde una comisión nacional de postulaciones de composición ciudadana, solo se tendrá en cuenta y se calificará su idoneidad, desterrando cualquier filiación o militancia.

Reitero, no conozco a la jueza Lima, pero si su fallo —que provocó la ira del poder político— fue dictado desde una visión profesional independiente, que puede tener errores, merece respeto y solidaridad y, pese a los rigores represivos, nos da luces y esperanzas de que, con juezas como ella, una reforma judicial verdadera sí es posible.



El autor es político y abogado