El secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales de la Ciudad de El Alto, Antonio Siñani, reconoció que su sector va al paro de 48 horas "quebrado" y que en el caso de La Paz solo marcharan dirigentes porque este jueves se desarrolla en la urbe alteña la feria de la 16 de julio.

Siñani responsabilizó al Gobierno de dividir al sector gremial ya que en el caso de El Alto hay 15 federaciones, al igual que en la ciudad de Santa Cruz y similares grupos en otros regiones del país, lo que significa que unas dirigencias "son afines al MAS" y otros "están con el pueblo".

"En Santa Cruz existen 15 federaciones (de gremiales) y 11 están con (el dirigente) Francisco (Figueroa) y cuatro con el Gobierno, en todo Bolivia existen federaciones pero están desmarcados, pero en Potosí solo tiene una cabeza. En todos los departamentos (el sector gremial) está quebrado, unos que respaldan al Gobierno y otros que luchamos por el pueblo boliviano", dijo el dirigente en contacto con La Razón Radio.

Para este jueves y viernes, los gremiales del país convocaron a un paro de actividades en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas por considerar que atenta contra los intereses de este sector.

No obstante, la medida solo se acata de manera parcial en Santa Cruz y Potosí, mientras que en otras ciudades capitales se reportó una normalidad en las actividades de los gremialistas.

Siñani no descartó en acudir al diálogo con el Gobierno si existe una invitación ya que el objetivo es defender los intereses de su sector. Sin embargo, aseguró que esta medida es la primera que se realiza en contra de la Ley 1386 y que de no existir atención la presión será de manera escalonada.

El dirigente de El Alto descartó que el paro de 48 horas sea respaldado por sectores cívicos y plataformas políticas y, por el contrario, dijo que son las bases de los gremiales los que acatan la medida.

Además, les recordó a las autoridades nacionales que su sector inició las movilizaciones en rechazo al proyecto de ley contra el lavado de dinero, y que fue El Alto el que frenó ese tratamiento que se encontraba en la Asamblea Legislativa.