Gremiales no acatarán el paro porque lo califican como una medida política

Tampoco obedecerán la protesta los transportistas y vendedores de varios departamentos. Piden que se los deje trabajar.

La Federación Nacional de Gremiales afirma que no acatará el paro general de hoy porque sus miembros serán afectados económicamente. Desconoce al dirigente Fransisco Figueroa porque apoya a la oposición, que busca desestabilizar el país y gestar un segundo golpe de Estado.

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, aseguró que la Ley 1386 no afecta a este sector. Exhortó a no parar actividades hoy y trabajar para coadyuvar en la reactivación económica del país.

"Nosotros no vamos a cerrar ningún puesto de venta, no vamos a marchar ni bloquear porque esta ley no afecta al sector gremial, es para las personas que manejan altos montos de dinero, aquellos que hacen trata y tráfico o comercializan droga, no para los comerciantes y gremiales", afirmó.

Los gremiales "no podemos darnos el lujo de hacer un paro o hacer bloqueos", ya que vivimos con lo que vendemos diariamente, señaló. "Día vendido, día comido", dijo el representante.

Figueroa fue militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), amigo de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, además llegó a ser diputado suplente por Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Se perpetuó en el cargo desde 1994 y sólo defiende sus intereses personales en desmedro de la mayoría, indicó García.

"Mañana no vamos a parar, al contrario, vamos a salir a trabajar con normalidad", dijo Édgar Álvarez, dirigente máximo de los gremiales cruceños, quien hizo una conferencia de prensa junto a dirigentes de los transportistas y pequeños empresarios.

Mientras tanto, Mario Guerrero, dirigente del transporte urbano, y Antonio Baldelomar, dirigente del transporte pesado, descartaron cualquier medida que paralice la dinámica económica del sector.

A esta postura se sumaron federaciones gremiales y transportistas de varios departamentos del país, consideran que esta medida solamente responde a intereses políticos.