La activista estadounidense de derechos humanos Kathryn Ledebur habló con La Razón. Apunta a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) de las amenazas en su contra y denuncia que el hostigamiento ya dura dos años. Por su caso, la Embajada de Estados Unidos envió una carta al Gobierno de Bolivia solicitando se desmantele a grupos "paraestatales" como la RJC.

— ¿Cuáles son las amenazas que ha recibido?

— Que quede claro que como extranjera estoy en una situación mucho mejor que la gran mayoría de personas que ha enfrentado amenazas durante todo el tiempo del golpe de Estado. He recibido mensajes por Facebook, por Messenger, de gente que ha sido identificada como motoquera, como líderes (de la RJC) que estaban en detención, hay videos en Facebook señalando dónde vivo, acusándome de terrorista. En las mismas audiencias (contra los líderes de la RJC), donde participo como veedora de derechos humanos, los abogados dijeron que por mi culpa están siendo procesados y detenidos.

— ¿Habla de Yassir Molina?

— Sus abogados dijeron eso en la audiencia (de los líderes de la RJC) Molina, Milena Soto, Jaime Maldonado y los hermanos Fabio y Tonchy Bascopé. Yo tengo una organización internacional de derechos humanos, trabajo 30 años en Bolivia. En esa audiencia sus abogados me dijeron que soy partidaria del MAS… Hay publicaciones en Facebook, tres o cuatro veces a la semana, diciendo que soy terrorista, que debo ser procesada, echada de Bolivia… es constante.

Durante todo el periodo del golpe, en el proceso de investigación de las fiscalías, de los procesos contra otras personas, ellas han recibido amenazas permanentes usando fotos de sus familiares, sus madres, sus hijas, sus hermanas, amenazando con violarlas… Un hostigamiento constante. No es que sea la más sufrida, pero soy la que puedo quejarme porque tengo una embajada de peso. Creo que de parte del Estado boliviano hay voluntad política para desarticular a estos grupos que denunció la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en base a las recomendaciones del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes). Hay voluntad política, pero eso no quiere decir que las fuerzas de seguridad acaten.

— ¿Cómo llegó su denuncia ante la embajada?

— Como norteamericana hice mucho trabajo en Estados Unidos, empecé a trabajar durante las violaciones de derechos humanos en la erradicación forzosa (de coca). Trabajo con oficinas del Congreso de Estados Unidos. En este tiempo siempre me he defendido mediante la embajada americana, no tengo una alianza con ellos, pero he avisado a las oficinas de congresistas sobre las amenazas que me llegan, que estoy sufriendo un proceso de hostigamiento durante dos años. Lo que quisiera es que en este llamado de atención vean a los de la derecha que han apoyado a estos grupos paraestatales, que los siguen apoyando, justificando.

—Usted apunta principalmente a miembros de la RJC…

— Sí, Pero ojo que lo expresado en las conclusiones del GIEI es también la expresión de la embajada y el criterio oficial de los Estados Unidos. Hay congresistas de Estados Unidos que están pendientes de este caso, también la Encargada de Negocios de la embajada en Bolivia. Yo me mantengo en contacto con ella. Y salió ese comunicado porque ellos han evaluado, no es con capricho mío que saquen una carta, ellos evaluaron que hay denuncias y también es muy importante que se establezca que estos grupos son ilegales.

— La embajada habla de otros casos como el suyo.

— Otra persona que está en mi misma situación es el abogado Thomas Becker y se nota que su equipo también, recibieron amenazas cuando estaban aquí. Lo importante de la nota de la Encargada de Negocios es que pide protección, que cesen las amenazas a todos los defensores de derechos humanos, no solo a los extranjeros. Quiero destacar que en mi caso no es un jalón de orejas al Estado, porque cuando denuncié, el Estado boliviano me ha brindado apoyo. Más bien es un jalón de orejas para los que siguen abusando y amenazando.