Los medios de comunicación ATB y La Razón-Extra fueron adquiridos con recursos provenientes de un préstamo venezolano, pero las acciones terminaron en manos de privados: Marcelo Hurtado y Carlos Gill.

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras del Estado, al que tuvo acceso Brújula Digital, establece que el gobierno de Venezuela le prestó al Estado boliviano, entre 2008 y 2009, la suma de 16,1 millones de dólares a través del programa Evo Cumple.

Una vez recibidos esos recursos, que le pertenecían al Estado boliviano, fueron traspasados a cuentas privadas (ver documento de la UIF adjunto). Luego se enviaron 4,5 millones de dólares a España a cuentas del grupo PRISA, mediante la empresa Flaba Trading, que pertenece a Marcelo Hurtado, para la adquisición de La Razón-Extra, dice el informe de la UIF.

Otros 10,02 millones de dólares fueron enviados, según el reporte, a cuentas en EEUU a nombre de Jordán Silva Tugues, asistente del empresario venezolano chavista Carlos Gill, para la adquisición de ATB. Para ello se usaron las cuentas de las empresas de Hurtado: Flaba Trading y Estrategias Energéticas.

Posteriormente, añade el informe, las acciones de La Razón-Extra terminaron en manos de Carlos Gill, y las de ATB en las de Marcelo Hurtado; este último fue gerente general de esa empresa durante una década hasta que cayó detenido en enero pasado acusado de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. Hurtado luego fue también propietario de PAT, según datos de la Fiscalía que sigue la investigación, canal que el gobierno anterior adquirió mediante extorsión según denunció su dueño anterior, Abdallah Daher.

"La Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz) establece que se pueden incautar y secuestrar bienes cuando la figura es la de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado", dijo a Brújula Digital el abogado Eduardo León.

Para el jurista, el haberse apropiado de recursos provenientes de un crédito extranjero demuestra que están involucradas personas del más alto nivel del gobierno anterior, como Evo Morales y Álvaro García Linera, que serían los verdaderos beneficiarios de la operación.

El grupo PRISA era propietario de ATB y La Razón-Extra hasta 2008-2009, cuando concluyó el traspaso a sus nuevos dueños. Gill ha señalado en varias oportunidades que él no tuvo relación alguna con ATB, lo que se demuestra falso mediante el informe de la UIF.

El empresario chavista informó oficialmente en 2009 que había obtenido las acciones de La Razón-Extra mediante un sistema de intercambio de acciones con las de una red de TV que tenía en EEUU. Lo que señala el informe de la UIF es que la compra se realizó, en realidad, con el mencionado préstamo venezolano, que terminaron pagando todos los bolivianos. Gill no ha retornado a Bolivia desde diciembre pasado, donde enfrenta cargos de la justicia.

Según el reporte de la UIF, Gill utilizó la empresa Sunstripes Investments, con sede en Bermuda, para posteriormente hacer los aportes de capital a La Razón-Extra. En el caso de Hurtado, se usó la empresa Akaishi, creada en España, para hacer los aportes a ATB.

Hurtado, por su parte, nunca informó oficialmente cómo es que terminó controlando la red ATB. Los socios que aparecen en la empresa, según informó, son Jaime Iturri, ex director de noticias, y Luis Nemtala, actual gerente. Iturri, en una ocasión, dijo que pagaban las acciones en cuotas, con las utilidades de la empresa.

El libro Control Remoto, publicado en 2014, denunció parte de este entramado y estableció que La Razón y ATB fueron los dos medios de comunicación más beneficiados con la recepción de propaganda gubernamental.

El propio Gill dijo que sólo entre 2016 y 2019 su periódico obtuvo 9,06 millones de dólares de publicidad del gobierno anterior. ATB, por su parte, según el gobierno actual, obtuvo 15 millones de dólares entre 2017 y 2019, pero sólo del Ministerio de Comunicación. Considerando los contratos de empresas estatales y otras entidades de gobierno, se estima que ATB recibía 10 millones de dólares al año de publicidad estatal.