"La falta o ausencia al trabajo va a ser reportada como una falta injustificada, por tanto, sujeta a las sanciones económicas o administrativas que correspondan. Día no trabajado es día no pagado", dijo el director General de Trabajo, Arturo Alessandri. El lunes 11 de octubre los comités cívicos de oposición realizarán un paro en rechazo a algunas políticas del Gobierno nacional.

El director General de Trabajo, Arturo Alessandri, recordó este viernes que el Ministerio de Trabajo emitió el comunicado 037/2021 que determina que la jornada laboral que corresponde al lunes 11 de octubre es "absolutamente normal", ante el anuncio de un paro cívico.

"La falta o ausencia al trabajo va a ser reportada como una falta injustificada, por tanto, sujeta a las sanciones económicas o administrativas que correspondan. Día no trabajado es día no pagado", dijo en conferencia de prensa.

Recomendó a los servidores públicos, trabajadores de empresas y entidades privadas y públicas que sus empleadores pueden aplicar las sanciones que correspondan ante la falta o ausencia a su fuente laboral.

"Por tanto, no existe ninguna disposición que establezca tolerancia o anuencia por parte del Ministerio de Trabajo o las jefaturas departamentales que son la única instancia que puede liberar a trabajadores y empleados de asistir a su fuente de trabajo", afirmó.

Respecto al anuncio del sector médico de paralizar actividades, Alessandri dijo que el derecho a la protesta es legítimo y constitucional, y en el caso de los médicos en una situación de pandemia y crisis sanitaria, asistir a una movilización política y no a sus responsabilidades tendrá las sanciones que correspondan a ser ejecutadas por los empleadores directos.

El próximo 11 de octubre, a la cabeza del comité cívico cruceño, cívicos y opositores realizarán un paro de 24 horas para exigir al Gobierno el cese de la persecución de autoridades subnacionales – en especial del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y los alcaldes de La Paz y Cochabamba, Iván Arias y Manfred Reyes Villa, respectivamente-, la liberación de la exmandataria Jeanine Añez y la anulación del Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.