El presidente Luis Arce promulgó este viernes la Ley 1398 para el paso del Registro de Comercio, bajo tuición de Fundempresa, a manos del Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

"El Registro de Comercio estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural", señala el artículo único de la ley que fue sancionada la noche del jueves por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Esta ley va a posibilitar de que el Estado tenga la tuición del Registro de Comercio… después de 20 años (esta entidad) está volviendo a la administración del Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo", explicó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

En la disposición transitoria primera, la norma establece que la creación, organización, funcionamiento y financiamiento de la nueva institución pública a cargo del Registro de Comercio será reglamentada mediante un Decreto Supremo propuesto por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en un plazo de hasta quince días calendario a partir de la vigencia de la norma.

En la disposición transitoria segunda se señala que la concesionaria del Servicio de Registro de Comercio, prestará el servicio con normalidad, en las mismas condiciones y obligaciones previstas en el contrato de concesión, hasta la conclusión de la transición del Registro de Comercio a la administración del Estado, en el plazo establecido en el Decreto Supremo reglamentario.

Se derogó el artículo 18 de la Ley 2196, de 4 de mayo de 2001, del Fondo Especial de Reactivación Económica y de Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera, que dispone la concesión temporal por el Poder Ejecutivo del servicio público de Registro de Comercio, a favor de personas naturales o jurídicas nacionales de derecho privado, mediante licitación pública.

En 2001, se entregó el registro público de comercio a la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), encargada de registrar a todas las empresas privadas de Bolivia. La concesión de 20 años venció el 29 de septiembre, pero el gobierno transitorio de Jeanine Áñez amplió por 15 años la concesión, lo que fue anulado por la actual administración.