El presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que la expresidenta Jeanine Áñez estará encarcelada hasta que la justicia dicte sentencia, considerando que sobre alguien tiene que recaer la responsabilidad de las 38 personas fallecidas durante los conflictos el 2019. El abogado y analista Juan Del Granado observa en el Mandatario falta de información de carácter procesal respecto a Áñez por cuatro razones.

"(Jeanine Áñez estará en la cárcel) hasta que la justicia dé su veredicto. Alguien tiene que responder (por) los 38 muertos, ¿quién va a responder? ¿Ha sido nuestro gobierno del Movimiento Al Socialismo (responsable de) los 38 muertos? No. Ha sido en el golpe de Estado, cuando ella era presidenta, (además) firma un decreto autorizando las Fuerzas Armadas a reprimir al pueblo boliviano. De eso tenemos 38 muertos, miles de heridos, encarcelados, exiliados, torturados, enjuiciados sin el debido proceso", declaró Arce en entrevista con France 24 citado por ANF.

La primera, indicó Del Granado: Áñez "no está detenida por las muertes trágicas de 2019; la detención preventiva de la expresidenta se debe a un juicio por supuestos delitos de conspiración, sedición y terrorismo, por lo tanto, no se puede ligar la duración de su detención preventiva a la investigación de estos casos".

En segundo lugar, "parece que el presidente Arce no está informado que no todas las 38 muertes producidas el año 2019 se han producido durante el gobierno de la señora Áñez, sino que al menos tres de ellas se produjeron durante el gobierno de Evo Morales", acotó.

En tercer lugar, añadió Del Granado, "al parecer, el presidente Arce no ha recibido información suficiente en sentido que la detención es sólo preventiva, temporal, y la misma puede ser levantada en cualquier momento cuando no haya riesgos procesales".

Finalmente, "es el poder judicial, a través del juez, el que determina cuándo cesa o cuándo se prorroga una detención preventiva temporal; de ninguna manera es el órgano ejecutivo, mucho menos su presidente el que define la situación procesal de los imputados", indicó.

En las últimas semanas, los principales partidos opositores e instituciones denunciaron que el sistema de Justicia se convirtió en un "arma política" para perseguir a estos sectores y encubrir las vulneraciones cometidas por el oficialismo, por lo que insisten en demandar una reforma judicial.

Del Granado acotó que, con las declaraciones del presidente Arce, en este caso a nivel internacional, "está dando cuenta que es el órgano Ejecutivo el que determina a voluntad, por supuesto discrecional e ilegal, las detenciones que son de carácter judicial".