La marcha incentivada por el gobernador Luis Fernando Camacho se dirige a Santa Cruz.

La columna afín a Luis Fernando Camacho y al Comité Cívico de Santa Cruz que se dirige hacia la capital cruceña, sin un pliego de peticiones, responde a un propósito de confrontación contra el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, aseguró ayer el analista político Hugo Siles.

El 25 de agosto, un grupo de indígenas, sin declarar el contenido de sus demandas, inició una marcha desde la ciudad de Trinidad hasta Santa Cruz. La medida contrasta con otras después de que las autoridades municipales, departamentales y nacionales no atendían sus demandas.

El analista político explicó que el gobernador Camacho y el Comité Cívico pro Santa Cruz intentan posicionar una agenda política de confrontación por tierras, utilizando a un grupo de indígenas para defender a grandes terratenientes y empresarios que titularon sus predios "de manera rápida" durante el régimen de facto de Jeanine Añez.

"Esa agenda de tierras es de confrontación, la han enarbolado los del Comité Cívico de Santa Cruz y el señor Camacho como contraposición al gobierno del presidente Luis Arce. Para eso se utiliza simbólicamente a los hermanos indígenas en una marcha que es parte de un esquema interesado que se contrapone a cualquier forma racional de solución, negociación y de cumplimiento de demandas legítimas", sostuvo.


Gobierno entrega alimentos y agua potable a los marchistas afines a Camacho. (Foto: Archivo)
FALTA DE LEGITIMIDAD

Hugo Siles explicó que el solo hecho de que el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, la bancada de Creemos y otros políticos de oposición expresen su apoyo a la marcha indígena y asuman un rol de interlocutores deslegitima esa movilización, porque contrasta con la realidad, ya que históricamente los pueblos indígenas de las tierras bajas y altas del país han sido marginados por ellos.

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo dijo que la movilización muestra que es una marcha impuesta dirigida desde la Gobernación de Santa Cruz para proteger a grandes terratenientes y sus extensiones de tierra, habida cuenta que la redistribución de tierras es tarea del Gobierno, no de las gobernaciones.

"No se especifica cuál es su demanda, su inquietud, su preocupación. Generalmente, el derecho a la marcha, a la petición es un derecho constitucional, desde todo punto de vista se respeta, pero hoy no escuchamos, no vemos esa demanda específica del sector que está marchando", dijo.

Mientras tanto, el secretario de Tierra y Territorio de la CEPI, Inocencio Yubandure, manifestó que se encuentran convencidos de que los integrantes de la marcha indígena son serviles a los patrones, porque su mandato no tiene credibilidad ni legitimidad.

Informó que en próximos días sostendrán una reunión con la presencia de los 18 pueblos indígenas con autoridades nacionales y departamentales, donde se dará a conocer su estructura, conformación y sus verdaderas demandas.

Finalmente, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo que el Gobierno continuará colaborando a la marcha con vivieres y atención medica hasta su llegada Santa Cruz, aunque aún no haya pliego petitorio.