La juez de Garantías de Pozo Almonte, Daniela Gutiérrez Albornoz, dio curso a la petición de la Fiscalía de Tamarugal y dispuso la detención preventiva por 90 días de los tres militares bolivianos en el penal de Alto Hospicio, mientras se realizan las investigaciones por delitos de robo de vehículos particulares e intimidación con armas de fuego en territorio extranjero.

Gutiérrez consideró válidos los argumentos del fiscal jefe de Tamarugal, Hardy Torres, quien indicó que una posible libertad de los detenidos constituye un peligro para la sociedad chilena. En la audiencia que duró más de tres horas, la juez también descartó la posibilidad de una expulsión del territorio chileno.

Los militares bolivianos son el teniente Jaime Herbas, el subteniente Níger Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal, que fueron detenidos el pasado 8 de septiembre.

La defensa de los bolivianos pidió una detención domiciliaria en el consulado boliviano en Tarapacá y el pago de una fianza a calificarse porque no fueron delitos sino incidentes cometidos en el cumplimiento de una misión de lucha al contrabando.

En la audiencia de formalización contra imputados por presunta responsabilidad en un delito de robo con intimidación en Colchane, la juez indicó que los militares tenían pleno conocimiento que estaban ingresando de manera ilegal a territorio extranjero y la prueba son los reportes en audios que enviaron a través del WhatsApp a los superiores en Bolivia.

"Se rechaza las peticiones de la defensa, se estima que la libertad de los imputados, efectivamente, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y se encuentra suficientemente fundado y hay presupuesto material que habilitan a una medida cautelar, estimándose que esta es una medida idónea para garantizar los fines de procedimiento y porque además es la que ha establecido nuestro legislador para este tipo de casos. En razón de aquello se hace lugar a los pedidos de la fiscalía y se rechazan las peticiones de la defensa", dijo en su resolución final.

El fiscal Torres respaldó su pedido detención preventiva porque los imputados bolivianos no tienen domicilio en Chile, hay peligro de fuga y por constituir un peligro para la sociedad.

Insistió que en que los militares ingresaron a territorio chileno donde intentaron apropiarse de tres vehículos cuyos propietarios Martín Benavidez Choque, Daniel Perales y Tito Javier Choque Canche se constituyeron en principales testigos del presunto hecho de robo en la zona Pisiga Choque.

Acusó a los uniformados bolivianos de haber disparado armas de fuego contra Carabineros de Chile para evitar la detención, en un hecho suscitado en territorio chileno a un kilómetro de la línea fronteriza con Bolivia.

El fiscal presentó como pruebas llamadas telefónicas de dos mujeres y cuatro hombres que denunciaron la incursión de militares bolivianos, por lo que aseguró que los uniformados no estuvieron un rato sino un largo tiempo, supuestamente, con la intención de apropiarse de los vehículos.

Por su lado el abogado defensor Christian Castro Hernández, afirmó que las supuestas víctimas intentan aprovecharse de su propio dolo y que tienen antecedentes policiales en Bolivia.

Aseguró que bajo ningún punto de vista se trata de un delito de robo, sino una acción propia de los militares bolivianos en su misión de luchar al contrabando.

Dijo que los vehículos perseguidos estaban bajo sospecha de contrabando hacia Bolivia, por tanto "no son delitos" los actos que habrían cometido, sino incidentes de ingreso ilegal en actividad de persecución a personas que cometían delito de contrabando.

Explicó el caso del teniente Jaime Herbas, quien – según su abogado - presentó heridas cortopunzantes, fue reducido y humillado por Carabineros junto a los otros uniformados bolivianos que lograron empantanar a los vehículos con la persecución.

Castro manifestó que los tres no tienen antecedentes reprochables en Chile ni en Bolivia y aseguró que se trata de funcionarios públicos del Estado boliviano que no cometieron intimidación ni delitos de robo, por tanto, no pueden constituir un peligro para la sociedad chilena.

Sin embargo, la Juez descartó estos argumentos junto al pedido que la detención preventiva sea de 60 y no de 90 días tal como pidió la Fiscalía de Tamarugal.