La veo caminando, haciendo esfuerzos para mantener el equilibrio y evitar que la bebé se caiga y se mantenga cargada, así, casi sentada sobre sus caderas. No puedo evitar sonreir, porque mientras nos cruzamos, me sorprende mirándola. No pude esconder mi mirada curiosa. Podrían ser hermanas o ser madre e hija. Vuelvo a mirar atrás, ella también me mira sorprendida y volvimos a cruzar miradas. Un poco avergonzada, continúo caminando, tratando de calcular su edad. Tal vez catorce años, pienso, parece un poco mayor que mi sobrina de 12, un poco más delgada. Más tarde me lo confirmaron. Camila, era mamá de Carolina.
Mi abuelita, la dicharachera, hubiera dicho sin temor a equivocarse, es una "wawa con wawa", que a veces es una forma de naturalizar la violencia sexual contra las niñas y el embarazo infantil y de adolescentes. De acuerdo a un reporte del Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA, elaborado en base a los controles prenatales registrados por el SNIS – VE, en un año tan complejo como el 2020, la cantidad de embarazos de niñas menores de 15 años y adolescentes hasta los 19 años fue de casi 40 mil. 2170 embarazos de niñas menores de 15 años y 37829 embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años. El mismo año se caracterizó por develar la realidad de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, reconociendo que la mayor cantidad de las agresiones sexuales se producen en el ámbito de la familia, por un familiar o un conocido cercano a la familia. La Fiscalía General del Estado registró durante el periodo de la cuarentena por COVID-19 (22 de marzo al 2 de agosto de 2020) un total de 8.133 casos de delitos contra mujeres, niños, niñas, infantes y adolescentes, de los cuales 352 corresponden a delitos de violación de infante, niña, niño y adolescente; 453 a abuso sexual, 253 a estupro, 369 a violación y 6.540 a violencia familiar o doméstica, entre otros delitos. Estos datos no consideran el subregistro de víctimas que callan y no denuncian. Es bien conocido que, en 2020, por la pandemia, por lo que se estima existen casos que no fueron registrados.
En pocas oportunidades escucharemos a las autoridades de gobierno referirse a la problemática de la violencia sexual, menos aún de los embarazos que son productos de violaciones y todavía menos, sobre las medidas que se encuentran a la mano de las familias para evitar una doble victimización de esas niñas, acceder a la justicia y acceder a una interrupción legal del embarazo, que se encuentra contemplado en nuestra normativa y que es obligación de los centros de salud público proporcionar.
La Convención contra la Tortura define el embarazo forzado como un trato especialmente severo, intencional y que produce dolor y sufrimiento graves en la persona, cometida o tolerada por un agente del Estado, una forma de trato cruel, inhumano y degradante, que vemos viven recurrentemente las niñas y adolescentes en nuestro país. Vuelvo a recordar la imagen de Camila y me pregunto si es que hacemos lo suficiente para cambiar esta cultura que tolera la violencia sexual, para proteger a nuestras niñas, prevenir la violencia sexual y sancionar a los agresores.