La detención de tres militares bolivianos por Carabineros de Chile bajo acusaciones de robo, incursión ilegal y disparos contra agentes chilenos, trajo a la memoria dos elementos que rodean al posible involucramiento de uniformados en delitos cometidos en la zona fronteriza: un aparente modus operandi de militares que deshonran a su institución y el manejo político que se da en niveles gubernamentales con fines de consumo interno.

Veamos el primer elemento. Los tres militares detenidos a primeras horas de este miércoles (un teniente, un subteniente y un sargento) no son los primeros en ser acusados de cometer robos de vehículos indocumentados y legales, disparos de armas provistas por el Estado y abusos aprovechando su condición de militares en el lado boliviano, pero también incursionando de manera ilegal en territorio extranjero.

El diario El Deber, en su edición digital del pasado 24 de agosto, registró dos graves denuncias contra efectivos militares. La primera relacionada con el robo de un vehículo legal cerca de Pisiga, en territorio nacional, aduciendo que se trataba de un vehículo chuto.

La segunda denuncia sobre desmantelamiento de un vehículo con placa chilena que quedó enfangado en la región de Colchane y robo de un motorizado que fue en auxilio del vehículo atascado en el lodo. En ambos casos los militares dispararon sus armas de fuego.

En el primer caso, un subteniente fue detenido y fue derivado al Ministerio Público de Oruro, ya que al verse sorprendido con el vehículo robado disparó su arma para que los propietarios no recuperen su coche. En el segundo caso, la patrulla de militares bolivianos que desmanteló el auto enfangado disparó contra quienes fueron a rescatarlo y huyeron robando la camioneta que fue en auxilio. Además, cometieron abusos contra las personas que iban en el vehículo de auxilio, sobre todo contra las mujeres.

Las autoridades del gobierno nacional deben sacarse la venda de los ojos y comenzar a ver que existen militares bolivianos asignados a la lucha contra el contrabando que se han convertido en vulgares delincuentes, armados por el Estado boliviano, cuyos delitos se diluyen en el cuestionado sistema judicial boliviano y son premiados con la impunidad.

Hasta ahora no se conoce de condenas judiciales contra oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas que pongan freno al modus operandi de robar a presuntos contrabandistas. En lugar de andar justificando con comunicados que tratan de convertir hechos delictivos en "impases" diplomáticos, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa deberían buscar que militares que deshonran el uniforme, sean ejemplarmente sancionados.

El segundo elemento tiene que ver con otra forma de no querer ver el fondo del problema y es el uso político que se da a circunstancias como las del caso de los tres militares detenidos en Colchane. Un uso político que busca desviar la atención de la opinión pública y buscar el reposicionamiento de los gobiernos de turno con mala percepción ciudadana en las espaldas.

En 2011, el expresidente Evo Morales condecoró y ascendió a 14 militares bolivianos que fueron detenidos por fuerzas policiales chilenas, que casualidad, en Colchane, cuando trataban de huir de territorio chileno y quedaron enfangados en ese punto fronterizo. Hasta se realizó un acto público en el que Morales entregó reconocimientos a los uniformados y amenazó con demandar a Chile en cortes internacionales.

Pasado el mediodía de este miércoles, se informó que ministros de Estado estaban reunidos tratando el caso de los tres militares detenidos en Chile y dado el tenor de un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa que califica el hecho como un "impase" que será encarado a través de canales diplomáticos, ojalá no sea la antesala de un nuevo uso político de un hecho delictivo que intente victimizar a los uniformados detenidos y mostrar a Chile como un estado abusivo, soberbio y que viola los derechos de los compatriotas. Con absoluta seguridad que este tema tendrá nuevos episodios.