El Gobierno expresó este martes su confianza en solucionar el problema surgido entre la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) y la Empresa Portuaria Arica (EPA), tras la intención de una imposición de tarifas en el atracadero de Chile, algo que el país rechaza amparado en el Tratado de 1904.

La preocupación por este tema ya fue expresada a Chile por el Ejecutivo, señaló el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, en entrevista con La Razón Radio, en el marco de las reuniones bilaterales técnicas que se llevan a cabo por el ACE 22 (Acuerdo de Complementación Económica 22).

"Mientras no se acuerden las tarifas en el puerto de Arica, no puede haber ninguna imposición", remarcó la autoridad gubernamental, a la par de aclarar que el país está amparado por el Tratado de 1904 para exigir eso. No obstante, Blanco expresó su confianza en que el tema será solucionado en las reuniones técnicas.

Asimismo, dejó en claro que por los efectos de la pandemia, los costos para el uso del puerto chileno aumentaron, por lo cual no se puede aceptar un aumento de tarifas. Por ejemplo, dijo que el costo de flete para un contenedor traído desde China subió de $us 2.000 hasta $us 20.000, precisamente por el tema del COVID-19.