La presidenta Jeanine Añez se declaró este viernes "inocente" de los delitos en su contra que se incluyen en un posible juicio de responsabilidades aprobado en la Asamblea Legislativa por los sucesos violentos ocurridos en noviembre de 2019.

La Asamblea Legislativa aprobó el jueves un informe que recomienda un juicio de responsabilidades a la mandataria interina y a 11 ministros de su primer gabinete por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.

"Soy inocente de sus acusaciones, solo pido una investigación imparcial", publicó la mandataria en su red social de Twitter.

En el mismo texto asegura que se defenderá de las acusaciones en el país: "Voy a defenderme y lo haré desde Bolivia".

"Aquí estoy y doy la cara", remarcó.


La diputada de El Alto Mireya Montaño, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo, en respuesta al tuit de la Presidenta, que "hay fallecidos por armas de fuego, pero que hasta ahora no hay sospechosos ni detenidos".

"Y las muertes tienen que ser esclarecidas, esa es una obligación del Estado», indicó la legisladora en Cadena A.

El juicio de responsabilidades, que para el diputado Amilcar Barral, de Unidad Demócrata (UD), "es un hecho consumado", incluye, además de Áñez, a Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (exministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia).

Esa nómina también está integrada por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación) por la firma del Decreto 4078 y las muertes que ocurrieron en Sacaba (Cochabamba), Senkata (La Paz) y Yapacaní (Santa Cruz).

Áñez y su gabinete habían firmado el Decreto Supremo 4078, que eximía de eventuales juicios a los militares, que luego de los operativos conjuntos fue abrogado.

Asimismo, el informe recomienda juicio ordinario al excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar; al excomandante departamental de la Policía en La Paz, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Suárez.

Además, se sugiere un similar proceso contra el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares en los hechos de Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero, y al comandante de las FFAA, Sergio Orellana.

También recomienda la destitución de la fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, por no dar celeridad a las investigaciones de los hechos de Betanzos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba y Senkata fueron masacres, y pidió entonces al Gobierno una investigación imparcial.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en "graves violaciones a los derechos humanos" durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.

Amnistía Internacional, por su lado, denunció "impunidad" tras el uso "excesivo e innecesario" de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la Presidencia y que dejaron al menos 33 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.