Milena Soto, cabecilla del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala (RJC), brazo armado del golpe de Estado de 2019, fue aprehendida este viernes, acusada por los delitos de organización criminal, privación de libertad, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas.

El informe fue brindado por el canal televisivo Bolivia Tv que mostró imágenes de la orden de aprehensión contra Soto.

La aprehensión fue ejecutada en el domicilio de la dirigenta de la UJC, en la ciudad de Cochabamba, donde se encontraba con detención domiciliaria acusada por atacar las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en octubre de 2020.

Ella fue acusada de varios delitos junto a otros integrantes de esa organización irregular.

En 2020, en pleno golpe de Estado, integrantes de la RJC agredieron al periodista Adair Pinto en la urbe cochabambina

Roger Revuelta, integrante de esa organización paramilitar, asestó tres puñaladas contra el comunicador en el pecho, en el costado izquierdo del tórax y su pierna con el objetivo de acabar con su vida. Por ello, la justicia determinó una sanción de privación de libertad de 12 años y seis meses contra el agresor.

Previamente, otros integrantes de la RJC agredieron verbalmente y amedrentaron a Pinto, quien se encontraba en un recinto público de la avenida Libertador Bolívar, en la ciudad de Cochabamba.

Soto es cabecilla de la RJC, que operó en motocicletas (motoqueros) para atacar a sectores campesinos e indígenas que llegaron a la ciudad de Cochabamba para expresar su rechazo al golpe de Estado de Jeanine Áñez.

Esa organización paramilitar es también responsable del secuestro, agresiones, corte obligado de cabello de la entonces alcaldesa de Vinto, Cochabamba, Patricia Arce, quien fue obligada a caminar descalza, además de sufrir humillaciones públicas en noviembre de 2019.

La RJC también es investigada por beneficiarse del desvío de combustible que realizaba la Séptima División de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Cochabamba.

El 10 de agosto de 2020, Soto, anunció la autoconvocatoria a los integrantes de la RJC para desbloquear los caminos que fueron interrumpidos por sectores sociales que entonces exigían elecciones generales al régimen de Áñez.

El 1 de diciembre de 2019, integrantes de RJC fueron homenajeados en un acto al que asistió el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El 20 de enero de 2020, Murillo pidió a la Policía que se reúna con los líderes que conforman la RJC para "agradecerles" por lo realizado en los conflictos.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo, denunciaron las agresiones, ataques y abusos que cometieron integrantes de la RJC durante el régimen de Áñez.

Tanto la RJC como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) actuaron como grupos paramilitares que consolidaron el golpe de Estado de 2019.

En Santa Cruz, integrantes de la UJC atacaron a indígenas, cercaron y quemaron casas en el barrio Cofadena, en Montero, en el marco del golpe de Estado de 2019.

El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el accionar de grupos paraestatales en 2019, como la RJC, y pidió al gobierno desarticular ese tipo de organizaciones irregulares.